Abogado pidió que Fiscalía investigue a funcionarios del ICBF en caso de la Fundación
Ya son cuatro días los que se completan de la audiencia en contra de las 10 personas capturadas durante los operativos adelantados en la Fundación Peces Vivos donde al parecer los niños y niñas eran maltratados por las enfermeras y formadores del lugar.
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Son varios los detalles que se han conocido en el desarrollo de la diligencia que se adelanta ante el Juzgado Séptimo Penal de Garantías, donde la Fiscalía les imputó a algunos los delitos de tortura agravada, concierto para delinquir agravado y desaparición o destrucción de elementos materiales probatorios, mientras que a otros solo tortura agravada, cargo que ninguno aceptó.
En la solicitud de medida de aseguramiento, el ente acusador reveló el interrogatorio rendido al parecer por el psiquiatra de la Fundación quien manifestó que para el año 2016 no estuvo laborando con el instituto y que tan solo hasta este año acudía de manera esporádica a verificar los procedimientos que se aplicaban a los menores.
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El testigo indicó que al parecer su firma y sello habrían sido falsificados en las órdenes que se entregaban para realizar las contenciones a los niños, es decir, atarlos a sus camas para que presuntamente no se hicieran daño, por lo que se estaría tratando de verificar si las directivas tendrían responsabilidad en el caso.
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De igual forma, se estableció que al parecer las cámaras que habrían sido instaladas en el lugar para hacer seguimiento al trato que se le daban a los niños en condición de discapacidad, habrían sido alteradas y otras desaparecidas por lo que serían elementos que demostrarían la responsabilidad de los trabajadores.
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Frente a este nuevo descubrimiento, el abogado Andrés Salazar López, defensor de la directora y coordinadora de la Fundación Peces Vivos, dio a conocer que “me llama la atención que la Fiscalía haya hecho un desarrollo final dentro de la investigación y que en este escenario falten protagonistas que deben ser partícipes de esta investigación”, refiriéndose a “los representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes son en materia de contratación los ordenadores del gasto”.
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El profesional del derecho hizo referencia en la labor que cumplía la fundación y que la misma derivó de un contrato celebrado con el ICBF, por lo que también debería ser investigados debido que son “ellos quienes elaboran los contratos e imponen los procedimientos a este tipo de fundaciones”, reiterando que “brilla por su ausencia la presencia de un responsable, como el supervisor del Bienestar Familiar”.
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Sobre la rápida acción del ente acusador en este caso, Salazar López manifestó que “es la primera vez que se tenga una investigación en menos de 90 días con capturados, legalizadas sus capturas y ya imputados, y todavía la Fiscalía no incluya al representante o representantes del ICBF”, agregando que es el Bienestar quien invita a las fundaciones a desarrollar sus labores y no ellas las que vienen y abren sus puertas y empiezan a recoger sus niños.
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