2 Feb 2018 02:31 PM

Alcaldía mintió: Sí le respondió derecho de petición a la Red Nacional de Veedurías

Alerta

Tolima

@AlertaTolima

En días anteriores, la presidenta de la Red Nacional de Veedurías, Mónica Patiño, informó mediante entrevista realizada a este medio, que frente a la crisis que se viene presentando por el desmedido aumento del impuesto predial, radicó un derecho de petición a la alcaldía de Ibagué con el fin de obtener información, sin embargo el mandatario de los ibaguereños aseguró no tener conocimiento del mismo.

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Como es de recordar, la veedora ciudadana, informó que en noviembre del 2017 envió a través del correo institucional de la administración municipal, el documento en el que solicitaba aclaración frente a unas inconsistencias que se estarían presentando con el contrato que fuera suscrito entre la alcaldía y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del cual recibió respuesta de cada uno de los que requirió.

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Al enterarse de las declaraciones del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aseguró no haber conocido el derecho de petición dirigido por ella, la misma decidió enviar a este medio la respuesta que le fuera entregada por parte de la Secretaría de Planeación Municipal y sobre la cual manifestó que “la respuesta que dieron es prácticamente lo mismo a lo que envió el IGAC, nos envió copia de lo que respondió el Agustín Codazzi, es decir que se reunieron todos y mandaron la misma respuesta”.

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Es así que al recibir el documento, esta redacción conoció que el mismo fue remitido a la Red Nacional de Veedurías, el 19 de diciembre del 2017 y el mismo respondía la solicitud hecha por la presidenta de la Red el 27 de noviembre del mismo año, donde aseguró que el mismo se hizo luego que fuera trasladado por competencia por parte de la Secretaría de Hacienda a través de un memorando interno el 4 de diciembre.

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En las explicaciones hechas por el secretario de Planeación, Héctor Eugenio Cervera, se pudo establecer que las mismas se hicieron según las obligaciones establecidas en el convenio con el IGAC, por lo que advirtió que “le corresponde al IGAC realizar las actividades del proceso de actualización catastral de la zona urbana de Ibagué”.

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Luego de recibir el derecho de petición, el secretario de la cartera informó que “a través del Grupo del Plan de Ordenamiento Territorial, requirió al IGAC aportar información y datos solicitados por la Red Nacional de Veedurías en su solicitud de información”, dando a entender que debía ser el instituto quien tenía que responder por el requerimiento.

Al hacer la petición, el secretario de Planeación recibió oficio el 18 de diciembre del año anterior, donde se especificaban las respuestas a lo peticionado por la Red Nacional, por lo que solo informó que “el despacho procede a trasladar las respuestas dadas por el IGAC”.

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Frente a la solicitud de aclarar sobre los supervisores del convenio, el funcionario de la administración manifestó que a su cargo estaba la supervisión técnica, mientras que la Secretaría de Hacienda, en cabeza de Juan Espinoza, estaba la supervisión financiera de este contrato que ha generado controversia entre los ibaguereños.

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