Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara avanza en investigación contra magistrados de la JEP
La Comisión de Investigación y Acusaciones avanza en la investigación preliminar a la presidenta de la Justicia Especial para la Paz - JEP, Patricia Linares, y al magistrado Alejandro Ramelli. Lo anterior, luego que el pleno de esa Cèlula Legislativa Congresual negara la recusación que habían interpuesto los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda en contra del presidente Ricardo Ferro Lozano.
La denuncia contra la presidenta de la JEP se argumenta en la presunta influencia que tuvo la magistrada en el nombramiento de su hermana en la Agencia Nacional de Tierras.
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“En ese orden de ideas, el proceso vuelve a mi despacho para que podamos avanzar en el impulso del mismo; es decir, avanzar en las diligencias que se decretaron en el auto de apertura de la investigación previa”; sostuvo el representante Ferro Lozano.
El representante investigador indicó que se citará a los magistrados Linares y Ramelli para ser oídos en versión libre en esta célula investigativa. En esta investigación preliminar, se buscará determinar si los magistrados incurrieron en los, presuntos, delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
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Respaldo de Presidencia de la Cámara
Entre tanto, un contundente espaldarazo recibió la Comisión de Investigación y Acusaciones por parte del presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Alejandro Carlos Chacón Camargo.
Al responder a una misiva del Comité Permanente por los Derechos Humanos, el presidente Chacón Camargo sostuvo que: “Es importante precisar que las funciones que recaen sobre la Comisión Legal de Investigación y Acusación emanan de un mandato legal…..En el marco de estas facultades legales, la Comisión tiene la obligación de recibir quejas y denuncias contra altos funcionarios del Estado colombiano que cuentan con aforamiento especial constitucional”.
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Luego agrega: “Las funciones de la Comisión Legal de Investigación y Acusación son de obligatorio cumplimiento; lo que impone a los miembros y al presidente de la Comisión de acusaciones, el deber, ineludible, de cumplirlas; sin que de esa actividad se predique o se presuma cualquier acto irregular. En tal sentido, la investigación debe realizarse en el marco de las garantías procesales y el respeto por los derechos de los implicados”.
Luego finaliza diciendo: “El presidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones cuenta con las facultades legales para actuar de formar autónoma e independiente”.