La decisión que se tomó por parte del Tribunal Superior de Ibagué, beneficia a Claudia Marcela Narváez Calderón y Carlos Andrés Chavarro, quienes se hacían pasar como funcionario de las empresas Servicios Especializados con Calidad Humana SERCH, quienes contactaban a sus víctimas bajo el argumento de poder ayudarles a conseguir varios bienes inmuebles y automotrices que por embargo de bancos o procesos judiciales se encontraban en remate y a muy bajo costo.
Los procesados, desde el año 2014, venían siendo objeto de varias investigaciones por parte de las autoridades, lográndose establecer que para lograr mayor confianza entre sus víctimas, estas personas además de exigir dinero por adelantado por sus servicios, firmaban y autenticaban los contratos en varias notarías de Ibagué, pero que con el paso del tiempo ni se cumplía el objeto de contrato, ni se daba la devolución de los dineros, por lo que las víctimas procedían a denunciar ante las autoridades.
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Dentro de las maniobras evasivas, los delincuentes, cambiaban sus números de teléfono y hasta direcciones de residencias para evadir los reclamos de sus víctimas, así mismo una vez ubicados ofrecían disculpas, pero continuaban con las maniobras de evasión para no responder por los millonarios casos de estafa que protagonizaron.
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La decisión de segunda instancia provee conceder la prisión domiciliaria en favor de los condenados, manteniendo las penas impuestas en contra de Claudia Marcela Narváez Calderón, quien deberá purgar 78 meses de prisión y el pago de 137.32 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que Carlos Andrés Chavarro Vieda, deberá continuar descontando una pena de 65 meses de prisión y el pago de 43.32 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de concierto para delinquir y estafa.
