En un gran escándalo que incluye sobornos, falsedades, prevaricatos, concusiones, tráfico de influencias, explotación laboral y hasta amenazas de muerte se ve inmerso el proceso de actualización catastral de la ciudad.
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Un grupo de 22 actuales y anteriores contratistas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como algunos funcionarios de planta, decidieron romper su silencio y denunciar, a través del Colectivo de Periodistas y Ciudadanos del NO AL PREDIALAZO en Ibagué, graves irregularidades y hechos de corrupción que hacen insostenible el actual estudio de actualización catastral que adelanta la Alcaldía con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi por 9.400 millones de pesos.
Varios de ellos, en su propia voz, pidieron perdón a los ibaguereños por la injusticia cometida contra los propietarios de cerca de 90 mil predios. En la práctica confesaron de manera valerosa el atropello que el IGAC está cometiendo contra toda la ciudad.
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Además, los excontratistas que visitaron sus casas y apartamentos el año pasado anunciaron el apoyo a las labores ciudadanas que se están desplegando y anunciaron incluso anuncian que estarán presentes en el cacerolazo programado para este jueves 8 de febrero.
La gravedad de la tragedia socioeconómica es tal, que los contratistas del IGAC se llenaron de indignación y nos buscaron para desahogarse y clamar justicia.
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Para comenzar, denunciaron leoninas ordenes de prestación de servicios de 1 millón 400 mil pesos mensuales por seis meses para un total de 8 millones de pesos, pero en el papel. Porque en el desarrollo del contrato, según dicen, les colocaron varios micos y en los primeros meses de labores, en promedio, profesionales no alcanzaron a sacarse ni 700 mil pesos mensuales.
En los primeros días de vinculación, cuando hicieron su trabajo a conciencia y calificaban las casas como debía de ser, les anunciaron que las fichas de los inmuebles que reportaran sin modificaciones no se las iban a pagar. Esto hizo que un grupo importante de ellos se revelara e hicieran un paro por tres semanas bordeando el mes de agosto del 2017.
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Para apagar la protesta, denuncian las fuentes, el director del IGAC Mauricio Mora realizó una reunión donde les habría indicado que si querían ganar dinero “busquen donde está la plata, y miren qué predios pueden sacar la plata”, denunció un joven ingeniero entrevistado. Los contratistas salieron entonces a todos los sectores de Ibagué a colocar la máxima calificación con los catastróficos resultados ya conocidos en los recibos.
En plata blanca, según la denuncia, el director del IGAC indujo a los contratistas a salir a la calle a colocarle la calificación más alta a los predios. Con esas instrucciones, dicen los empadronadores, se generó un clima en el que los jóvenes trabajadores a destajo comenzaron, en no pocos casos, e exigir mordidas o coimas a los dueños de inmuebles para bajar calificaciones que sirvieran para un pequeño avalúo.
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Juliana*, una de las profesionales que también nos contó su historia, dijo que, en su caso, al finalizar la orden de prestación de servicios le descontaron 2 millones de pesos con la promesa que se los devolverían cuando los volvieran a reenganchar, pero a la fecha no ha ocurrido.
Todos los denunciantes entrevistados manifestaron que ‘Los Reconocedores’ que mandaron a los inmuebles hicieron el trabajo al ojo, calificando a su manera, en ocasiones si un metro o decámetro, aún sin ingresar a los inmuebles. En la mayoría de los casos los contratistas, mal pagos, pegaban calcomanías hasta la una de la madrugada, como cayeran y tomaban la foto para poder cobrar.
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La gran mayoría de los entrevistados confesó que los trabajadores del año pasado y este no tenían ni la más mínima idea de lo que iban a realizar y que no fueron capacitados. Los cursos o inducciones nunca se hicieron, solo están en el papel. Y tenemos declaraciones sobre el particular. “Nunca me pagaron un curso, jamás tuve una inducción”, dijo Daniela*, una de las contratistas.
También denuncian a un funcionario de planta de digitalización del IGAC que hace por su cuenta, de manera particular, cursos a los contratistas neófitos, por debajo de la mesa, y cobra entre 150.000 y 400.000 pesos.
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Varios de los testigos nos confirmaron que la famosa señora de los tintos, Derly Jhoana Rivera, no fue a Bogotá a ningún curso, revelaron que fue certificada solo de papel, porque a ella no le dieron ninguna inducción, además que la mujer no es profesional.
Dentro de las denuncias graves, están las presuntas amenazas de muerte que recibió una funcionaria de planta del IGAC, de nombre Mayerly, quién al parecer se enteró de situaciones inescrupulosas de altos directivos del Agustín Codazzi en este y otros procesos y le han querido hacer la vida imposible.
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“Fue totalmente un fraude”, en apartamentos y conjuntos
Uno de los contratistas denunciantes, de profesión ingeniero, denunció uno de los hechos más graves. Consiste en que en el segundo semestre de 2017 solo se visitaron o inspeccionaron 40 inmuebles de propiedad horizontal, edificios o conjuntos cerrados.
Dice esta persona que a mediados de septiembre les llegó la instrucción de abandonar el censo de los edificios que estaban adelantando. “La orden llegó de Bogotá que no se iba a pagar actualización de predios de propiedad horizontal”, dijo el testigo, quien señaló al funcionario Elmo Sánchez de haber socializado la instrucción ante 100 contratistas.
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“Fue totalmente un fraude” dice la fuente, en cuanto a la actualización catastral de los edificios y conjuntos de apartamentos en la ciudad, simplemente no se hizo.
Todo indica, según los denunciantes, que en los edificios habrían utilizado la modalidad de georreferenciación, combinada con un programa informático al que denominaron Silver e incluso no descartan que simplemente se hubiesen llenado tarjetas por parte de operarios fantasmas que jamás aparecieron en los inmuebles.
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Lo anterior derivó, para citar solo un ejemplo, que en el conjunto residencial Los Ocobos, como por arte de magia, los parqueaderos terminaran apareciendo calificados como simples lotes baldíos, variando significativamente, en contra de las arcas del Municipio, el avalúo como zona residencial y por consiguiente el valor a pagar por predial.
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Lo más grave es en este 2018
Pero en el cúmulo de denuncias que nos revelaron los contratistas del IGAC, lo más delicado tiene que ver con lo que está pasando a la fecha al interior del edifico Fontainebleau de la calle 37 con carrera Quinta.
A raíz del ruido que ha realizado el Colectivo Periodístico y Ciudadano NO AL PREDIALAZO, la orden que recibieron los contratistas es hacer la visita, pegar la calcomanía y dejar las tarjetas en blanco o con la mínima calificación, para disminuir el escándalo y ante posibles visitas de los órganos de control.
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Es decir, que las casas, apartamentos, locales y demás propiedades que están visitando este año los van a dejar con el mínimo incremento de avalúo catastral, agravando el problema, creando una situación inequitativa entre los que le subieron el precio de sus inmuebles por las nubes en el 2017 y a los que se la están ‘perdonando’ en este 2018. Y para tratar de tapar las denuncias por las diferencias en el pago a los contratistas, nivelaron los honorarios a 5.200 pesos por inmueble.
Los contratistas coinciden en culpar de la cadena de presuntas irregularidades al director de la territorial del IGAC Mauricio Mora, al funcionario Elmo Sánchez y cada uno de los coordinadores.
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Al final, todos los entrevistados les solicitaron excusas a los ibaguereños y se solidarizaron con su problemática a la vez que piden al Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo suspender lo que ellos mismos ayudaron a realizar: “a los ciudadanos de Ibagué les digo que el problema fue de la mala contratación (…) por ganar algunos pesos. Excusas a todos. Fue una catástrofe hacer un predial mal hecho para que todo el mundo pagara las consecuencias. Creo que los responsables son la Alcaldía y directivos del IGAC”, dijo uno de los denunciantes.
Una mujer excontratista de la actualización del IGAC dijo: “Que por favor escuchen a la gente que en estos momentos está necesitando justicia porque lo que está ocurriendo con el costo de los prediales no es lo justo (…) La plata la hubo para poder contratar gente experta en el tema, pero no lo hicieron, y la cantidad de gente que está trabajando con la actualización lo van a hacer mal porque no están capacitados”
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La participación de políticos
La gran mayoría de los entrevistados indicó que por lo menos 8 concejales de Ibagué tienen cuotas entre el contingente de contratistas rasos en la escandalosa actualización catastral. Y señalaron nuevamente al representante a la Cámara Ángel María Gaitán como el político al que el gobierno Santos le asignó como cuota burocrática el IGAC regional Tolima, teniendo este allí colocados varios amigos, seguidores y familiares.
Con todo el anterior coctel de denuncias y señalamientos, el presidente del Concejo de Ibagué William Rosas, al igual que el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo deberán decidir si, como se ha anunciado, se le miden a presentar un proyecto de acuerdo para rebajar los impuestos sobre esta maloliente actualización catastral, o si, sencillamente, en un acto de pragmatismo y haciendo caso al sentir popular, deciden suspender el contrato de actualización, poner en conocimiento de las autoridades las irregularidades y expedir los recibos del impuesto predial con las tarifas del año pasado.
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