Por: Iván Ramírez Suárez / @jiramirezsuarez
Realizó la Universidad de Los Andes el pasado 9 de abril en Bogotá - a través de su facultad de Derecho - un interesante seminario cuyo objeto fue analizar desde el punto de vista académico las causas y posibles soluciones para un grave problema nacional: la corrupción en la Justicia.
El evento, instalado por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, la decana de Derecho de la universidad sede, Catalina Botero, y el presidente de la Sociedad Colombiana de Jurisprudencia, Fernando Sarmiento, contó con la participación de ex magistrados, investigadores, historiadores, tratadistas de derecho, directivos de otras universidades, jueces y abogados litigantes.
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Sin desconocer los aportes valiosos de la totalidad de participantes, quiero destacar algunos, para después dar mi conclusión. Catalina Botero considera que la ética judicial es diferente a la ética del abogado y que esa ética va más allá del ámbito del derecho.
El juez debe ser un juez virtuoso, que aunque sus deberes no sean exigibles jurídicamente, deben estar conforme a las virtudes que guían la recta Administración de Justicia. Para ella, en Colombia a raíz de la polarización que vivimos, les estamos exigiendo a los jueces decisiones conforme a intereses políticos y de otra índole, aún por encima de sus deberes y virtudes.
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Considera, que un buen juez debe actuar con equilibrio reflexivo, sus decisiones deben confrontarse conforme a los imperativos categóricos Kantianos y deben asumirse bajo los códigos ontológicos de independencia, autonomía y motivación de sus decisiones.
Rodrigo Uprimy, parte por reconocer que con la Constitución de 1991 los jueces adquirieron mayor poder, les transfirieron decisiones que antes eran de la política y que bajo la discrecionalidad judicial pueden decidir de diferentes formas sin apartarse del derecho.
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Considera que la ética de los jueces debe estar guiada por la independencia de los poderes que lo han nominado, inclusive llegando a la ingratitud; debe saber oír a las partes sin tomar partido; debe actuar con transparencia, y puso como ejemplo el actuar del Fiscal General que conoció como abogado casos de Odebrecht y a pesar de ello actuó como servidor público; debe tener integridad, ya que a pesar de tener sus creencias políticas o religiosas debe decidir conforme al ordenamiento jurídico y constitucional.
Concluye, que más allá del deber legal, debe tener estar virtudes: ser corajudo, ser humilde y tener templanza. Para el investigador e historiador Luis Jorge Garay, un poder sin ética, no es poder.
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Citando a Maquiavelo se pregunta: ¿Qué límites tiene la ética en el ejercicio político? Recuerda la frase de Marx, “La moral pública está atrapada por los intereses del poder” y concluye afirmando: (1) Los derechos humanos se vuelven un limitante para la Justicia; (2) poder ético es redundante, porque el poder implica autoridad y si no es ético, carece de autoridad.
Hubiera podido reproducir apartes de la ponderada ponencia del Procurador, pero me abstengo, recordando esa frase cristiana que dice: “por sus hechos los conoceréis”. Creo que tenemos demasiados diagnósticos, pero nuestra sociedad se jodió cuando la contagió la ‘cultura mafiosa’. Y la Justicia es la más impregnada.
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