Ricardo Ferro
¡Una burla! Eso sería para el pueblo colombiano la extensión de periodos de los actuales alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Querer que quienes ocupan estos cargos se mantengan hasta el año 2022, no solo es una afrenta contra la Constitución, es una afrenta contra el constituyente primario: el pueblo.
Cuatro años, ese fue el tiempo por el que los colombianos eligieron a sus mandatarios en el año 2015, cuando salieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. A ninguna persona en los más de 1.100 municipios de los 32 departamentos del país, se le dijo que elegiría por un periodo más extenso. Esta propuesta no solo va en contravía del elector, sino que, además, es totalmente inconveniente desde el punto de vista fiscal del país.
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Más de 860 mil millones de pesos es lo que la Registraduría tiene proyectado invertir para organizar las elecciones del 2019, presupuesto que en menos de un mes comienza a ejecutarse, cuando inicie el calendario electoral este 27 de octubre y nombren al personal para inscripción de cédulas y los supernumerarios encargados de la logística. ¿A dónde irán a parar estos recursos de llegar a aprobarse el proyecto? ¿Se perderán? ¡Así es! Esto significaría botar a la basura una importante suma de dinero que sin duda habría podido destinarse a otros relevantes aspectos.
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860 mil millones es mucho más de lo que vale la terminación del distrito de riego del sur del Tolima, que ronda los 500 mil millones de pesos. 860 mil millones que equivalen al costo de la modernización de la refinería de Barrancabermeja. 860 mil millones que sencillamente podrían perderse de ser aprobada tan nefasta iniciativa que, reitero, desconoce la voluntad ciudadana.
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Y ¿Qué pasaría con nuestra Ciudad Musical? ¿Imaginan lo que significaría para Ibagué que una persona como Guillermo Alfonso Jaramillo continuará dos años más en frente de la Alcaldía? Eso realmente atentaría contra los comerciantes e industriales, que son generadores de empleo, contra el ciudadano de a pie.
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No podemos poner en juego el futuro de nuestra ciudad y de muchas otras, en las cuales reina el inconformismo con sus mandatarios gracias a la poca o nula gestión, y que esperan con ansias las próximas elecciones para poder recuperar el rumbo de sus territorios.
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Aquí no podemos seguir en algo que, infortunadamente es recurrente en el país: la falta de seguridad jurídica. Este proyecto que, tuvo luz verde en su primer round en el Congreso, cambia las reglas de juego, envía un mensaje de irrespeto al pueblo colombiano y genera una inseguridad e incertidumbre que no le hace bien a la democracia.
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Mi posición es clara. Me opondré a este proyecto de manera firme y contundente, que no le quepa la menor duda a los ibaguereños que daré la pelea para defender el futuro de nuestra ciudad, una ciudad que no aguantaría dos años más de una desastrosa administración como la del actual alcalde. Me la juego y me la seguiré jugando por Colombia y el Tolima.
Este artículo obedece a la opinión del columnista / Reproduccion autorizada por el autor
