Foto: A la luz pública
En este mes de junio irá rápido uno de los casos más relevantes de los últimos años que involucra al empresario tolimense de origen español Jaime de Zorroza y Landia de 97 años de edad, a quien le avanza un proceso por la supuesta falsificación de la firma de su esposa Ana Julia Suárez de Zorroza, quien falleció en el año 2011.
Se trata del pleito por una sucesión tasada en más de 300 mil millones de pesos y que desde hace varios meses colma la atención de la sociedad ibaguereña e involucra a abogados pesos pesados de las barandas locales.
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LOS HECHOS
En el que desde el año 2014 se adelanta una disputa jurídica sobre si la difunta Ana Julia Suárez de Zorroza (QEPD), plasmó su firma en unos documentos que daba por autorizado el cambio de una sociedad anónima a una S.A.S., el cual pasó de ser Zorroza Suárez S.A a Zorroza Suárez S.A.S. siendo así, los familiares de Ana Julia, manifiestan que, al falsificar la firma, causó a ellos un daño calculado por varios mil millones de pesos.
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Se conoció que, en un documento firmado por la pareja de esposos en el año de 1972, si uno de los integrantes de la sociedad fallecía, los bienes pasaban a ser administrados por la familia, hasta que se liquidara la suceusión. Sin embargo, esta medida se cambió a raíz de la supuesta firma por parte de Ana Julia y, por tal razón, los hermanos de la fallecida, Fabiola, María, Francisco Antonio, Pedro Luis, Beatriz, Ernesto Suárez Rengifo y el pariente José Francisco Suárez Ahumada, podrían haber sido parte de la herencia antes de la firma de los papeles.
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EL PRESENTE
El juez octavo penal de conocimiento en la audiencia realizada ayer en horas de la tarde el Fiscal 20 Seccional de la Unidad de Delitos con el Patrimonio Económico de Ibagué, expuso 18 pruebas contra Jaime Zorroza, Humberto Monroy Gallego abogado de confianza, Eder Homez Vanegas contador y Ernesto Bernal Quintero revisor fiscal de dichas empresas, por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad material en documento público y fraude procesal, que desde el año 2014 se viene realizando audiencias con respecto al hecho.
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El ente acusador finalizó sus pruebas con los testigos, un funcionario experto dactiloscopista del CTI y Álvaro Jiménez, quien es representante del grupo empresarial Torreón Bienes y Construcciones SAS, quien a este último se le preguntó sobre la negociación jurídica con Serviarroz en el año 2012.
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En el cual se había evidenciado que las firmas de las actas no son compatibles con el de la señora ya fallecida Ana Julia Suárez, quien fue esposa del empresario hoy procesado.
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De este modo, para el día 15 de junio se realizará audiencia oral en horas de la mañana donde la defensa tratará de rebatir las pruebas presentadas por el ente acusador , el 21 y 26 de junio se continuarán con las audiencias para los alegatos y el 29 de junio se conocerá finalmente el sentido del fallo.
