De las 8 mil víctimas que dejó el conflicto interno en todo el país, solamente el gobierno nacional ha podido cumplirle con indemnizaciones y restitución al 10% de los inscritos en la bases de datos de la Unidad Nacional de Víctimas y Presidencia de la República, por lo que se requiere que el nuevo gobierno entre a revisar y culminar con los procesos que ya han sido aprobados en la administración de Santos.
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Oscar Gutiérrez director de derechos humanos de la Gobernación, indicó que se debe establecer un parámetro para la presentación de proyectos por parte del gobierno, haciendo claridad que en el 2017 se realizó una convocatoria para la presentación de estos documentos, mientras que en 2018 se realizó este proceso de una forma menos organizada, generando que muchos de los documentos fueran rechazados sin si quiera haber sido revisados por la Unidad de Víctimas.
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La mayor petición que hacen las víctimas que no han recibido ayudas del gobierno para poder desarrollar proyectos productivos que permitan la generación de recursos para sus familias en este departamento.
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En esta dependencia del gobierno, se han presentado por parte de la gobernación dos proyectos que para cinco municipios como son Ibagué, Coello y San Luis donde se beneficiarán 400 familias, mientras que en Alpujarra y Villarrica serían 425 familias que recibirían los recursos.
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Estos proyectos están estimados en 4.500 millones de pesos, de los cuales 700 millones de pesos son cofinanciados por la gobernación y cada municipio aportará 50 millones de pesos, según indicó el funcionario de la administración departamental.
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Gutiérrez finalmente señaló que los mismos proyectos del 2017, fueron presentados en enero de 2018 y presentan un avance de aprobación de un 90%, por lo que esperan una continuidad en el proceso por parte del nuevo gobierno.