He sostenido de tiempo atrás la teoría de que varias de las irregulares actuaciones del concejo municipal pudieron estar orquestadas desde la administración municipal, y si bien carecía de pruebas para demostrarlo porque las componendas para nominar Contralor y Personero Municipal se hicieron en la penumbra por un Congresista próximo al retiro; el paso del tiempo y el carácter lenguaraz del Secretario de Hacienda terminan por darme la razón y las pruebas que necesito para afirmar que el Concejo Municipal lejos de ser un órgano representativo de la ciudad, se ha dedicado a servir de idiota útil del Alcalde Jaramillo.
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La demostración de lo que afirmo, aparece en la primera página del nuevo día en la semana anterior, en el que el Secretario de Hacienda Municipal afirma que demandó el acuerdo 019 de agosto de 2016, que fijó las tarifas de arrendamiento del estadio Murillo Toro. Dice el Secretario “Nosotros tramitamos un acuerdo municipal el año pasado ante el Concejo, que versaba sobre el arrendamiento del estadio Manuel Murillo Toro, y por ello es menester reconocer que ese acuerdo está concebido de manera errónea”.
Dicha afirmación es la prueba de la tontería de todos y cada uno de los cabildantes que aprobaron el acuerdo 018 de 2016 que ahora con tono adusto anuncia demandará el gobierno, olvidando que fue precisamente el Alcalde Municipal quien por iniciativa propia llevó al cabildo este proyecto que ahora vine el propio ejecutivo a descubrir como contrario a la constitución y la ley.
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Pregunto yo, estimados amigos ¿Cómo diablos el gobierno viene a descubrir 12 meses después de aprobado el acuerdo, que el mismo es un engendro inaceptable, cuando por iniciativa propia el ejecutivo lo llevó al flamante concejo que nos representa y obtuvo el voto mayoritario de su bancada de estrellas, para que aprobara ese acto que ahora resultó ser inconstitucional e ilegal?
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La noticia del Secretario de Hacienda en la que cuenta que la Administración recobró la conciencia jurídica para demandar el esperpento y pedir su suspensión provisional, me llena de alegría no solo porque implica la confesión de que el Alcalde incurrió en prevaricato al llevar al Concejo un acto inconstitucional e ilegal, sino porque cuando lo suspenda el Tribunal administrativo le pondrá la lápida a esos baluartes del derecho que la ciudad eligió para representarlos y que se solazan siendo idiotas útiles del Alcalde.
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Quedo desde ya pendiente de conocer los datos de radicación de la demanda para apoyar las pretensiones del alcalde y lograr que el tribunal le dé la razón declarando mediante sentencia, que el acto que llevó al Concejo es nulo y que sus socios los concejales aprobaron un acto ilegal, yo me encargo del resto.
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