La demandante aseguró que no es posible aceptar la violencia generalizada como el común denominador de la protesta.
La concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, presentó una acción popular ante los juzgados civiles de Bogotá con el fin de que sean garantizados los derechos fundamentales y colectivos de los residentes de las principales localidades afectadas por los bloqueos y el vandalismo del paro nacional en la capital del país.
Esta demanda pretende que sean cobijados los derechos colectivos de los habitantes de las zonas más cercanas a los disturbios que se generan en las manifestaciones, como los comerciantes y vecinos de los portales de Suba, Usme y Américas en Kennedy y sus alrededores, para que se mitiguen las afectaciones que han enfrentado por más de 40 días.
En esta acción judicial se alega la necesidad de que sean protegidos los derechos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros.
“Estos excesos en el derecho a la protesta, han puesto en grave riesgo la salud de la ciudadanía, pues la limitación al paso de ambulancias implica, per se, que algún ciudadano requiere un servicio médico por emergencia no la tenga”, indicó la concejal Bastidas.
Según la cabildante el ejercicio de estas manifestaciones afecta la sana convivencia, generando vandalismo contra bienes públicos, bloqueos y destrucción del sistema de transporte público, que además de generar un inmenso detrimento patrimonial.
“El actual panorama suscitado por los actos de vandalismo y los bloqueos limita a los ciudadanos en su movilidad, y se causa también impacto en su salud mental porque permanecen bajo incertidumbre, temor, angustia, ansiedad y depresión por no poder llevar su vida normal o ser víctima de algún hecho violento”, dijo Bastidas.
La concejal de Bogotá aseguró que no es posible aceptar la violencia generalizada como el común denominador de la protesta y en la cotidianidad de quienes deciden no hacer parte de las concentraciones; y que además es un deber del Estado garantizar los derechos de todos los ciudadanos en su territorio y resulta oportuno exigir a quienes convocan el paro, que rechacen, limiten y sancionen la violencia inmersa en sus manifestaciones.
“En los bloqueos en vías principales se atacan vehículos, y en vías residenciales se cobran peajes bajo intimidaciones; hay aumento de la delincuencia y venta y consumo de estupefacientes en parques y calles aledañas a sus viviendas o negocios”, indicó Bastidas.
La concejal concluyó en el documento que no se pretende que la orden judicial sea que el Comité del Paro garantice esos derechos, sino que, condenen y hagan un llamado público a cesar los actos de vandalismo, a que no se afecte el patrimonio público.
“Se requiere de manera urgente que se le ordene a los integrantes del “comité del paro” y a las diferentes organizaciones ciudadanas y personas en general, que en medio de su derecho a manifestarse no pueda impedir el paso de vehículos y personal que tenga relación con el servicio médico, el de insumos médicos, alimentos, combustibles y en general cualquier insumo o persona que incida en salvaguardar la salud, la seguridad alimentaria”, puntualizó la concejal por el partido Alianza Verde.
Fuente
Sistema Integrado de Información
