
El gremio de gremios, Aliadas, alerta sobre amenaza a la institucionalidad y la democracia
El gremio de gremios, Aliadas, ha expresado su profundo rechazo a la Resolución 00052 de 2025 emitida por el Ministerio de Agricultura. Consideran que esta medida excede los límites legales y constitucionales, al otorgar facultades inconstitucionales de control e intervención sobre las asociaciones campesinas, agropecuarias y gremiales del país.
La resolución vulnera derechos fundamentales y sienta un precedente inaceptable
Según Aliadas, esta resolución vulnera el derecho fundamental a la libre asociación, consagrado en el artículo 38 de la Constitución, así como la libertad de empresa, protegida por el artículo 333. Además, advierten que sienta un precedente inaceptable para la democracia y abre la puerta a la instrumentalización política de la supervisión estatal.
Riesgos que plantea la resolución 00052
El gremio ha identificado varios riesgos asociados a la implementación de esta resolución:
- Desconocimiento del derecho constitucional a la libre asociación y la libertad de empresa.
- Debilitamiento de la autonomía gremial y de la institucionalidad campesina.
- Facultades discrecionales que pueden derivar en intervencionismo indebido y uso político del control estatal.
- Carga administrativa y económica excesiva para las asociaciones.
- Impacto negativo en la competitividad y productividad del sector agropecuario.
- Ausencia de deliberación democrática en su formulación, afectando la confianza en las instituciones.
Asociaciones no son extensiones del ejecutivo, su independencia es esencial
Aliadas enfatiza que las asociaciones campesinas, agropecuarias y gremiales no son extensiones del Ejecutivo. Su independencia es esencial para el equilibrio de poderes y el diálogo social. Consideran que reglamentar por vía administrativa lo que la Constitución protege es una extralimitación del Gobierno que debe ser corregida.
Petición de derogación y llamado al diálogo
Por todo lo anterior, Aliadas exige la derogación inmediata de la Resolución 00052 y la apertura de un diálogo que garantice una regulación equilibrada, respetuosa de la autonomía gremial y ajustada a la legalidad. Subrayan que la estabilidad del agro y el desarrollo del país no pueden estar sujetos a medidas que vulneren derechos fundamentales ni a decisiones impuestas sin el debido debate democrático.
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