Hay 84 personas entre operarios y familiares cumpliendo cuarentena.
Varios incumplimientos han sido denunciados por la asociación de afectados del proyecto.
La Contraloría General de la República inició una auditoría sobre gestión de la Anla, en el caso del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
La revisión busca establecer su efectividad en el control y la vigilancia de los compromisos adquiridos por Enel (Emgesa) en la licencia ambiental.
Durante una reunión virtual realizada el pasado jueves 13 de agosto, en la que participó la Coordinadora de Gestión de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Ambiente, manifestó que la auditoría “está enfocada a evaluar desde la competencia de la Anla y el Ministerio del Medio Ambiente, la gestión de estas entidades con respecto al proyecto".
Desde hace varios años, Asoquimbo ha trabajado para dar cumplimento a todos los compromisos adquiridos en beneficio la población afectada y el área de influencia, dejando como precedente, la realización de varios derechos de petición. También se han exigido los documentos sobre el cumplimiento de la licencia ambiental, y de cómo avanzan las más de 137 obligaciones en donde sólo se ha cumplido el 10 %.
Además de conocer cuál es el estado actual de los reasentamientos que hoy se encuentran en la ilegalidad.
Asimismo, el tema de la restitución de la actividad productiva, en donde Asoquimbo ha denunciado de nuevo ante la Contraloría que Enel (Emgesa), al aparecer de manera fraudulenta y engañosa, presionó a 422 personas del total de 426 beneficiarias para que, a través de la firma de un documento, renunciaran a su derecho a tierras a cambio de un capital semilla.
Tras la exposición de argumentos, Asoquimbo presentó ante la Contraloría Delegada cinco solicitudes en el marco del proceso de auditoría:
1.- Realizar una revisión rigurosa y verificar los incumplimientos que se registran en los antecedentes contenidos en el documento presentado por la organización.
2.- Definir con precisión cada uno de los incumplimientos y los daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, desde la expedición de la Resolución 321 del 2008, proyectado a 50 años previstos como de vida útil de la represa e informar de manera precisa en qué consiste el presunto daño patrimonial, a partir de lo estimado por la Contraloría General, “en poco más de 350 mil 644 millones de pesos” en el año 2012.
3.- Solicitar al Consejo de Estado se informe sobre el avance de las acciones interpuestas de nulidad de la licencia ambiental y acción de cumplimiento del derecho a Tierras y a la Fiscalía General sobre el estado actual de la investigación por el presunto delito de daños en recursos naturales y estudiar la posibilidad de coadyuvancia por parte de la CGR.
4.- Informar quienes son los responsables y a quién compete investigar y juzgar por el detrimento patrimonial causado por la “adquisición de cuatro predios sin disponibilidad de recurso hídrico” y no aptos para el cultivo.
5.- Solicitar a la Corte Constitucional y a la Sala de decisión Civil sobre el Estado actual de cumplimiento de la sentencia T-135/13 y, específicamente sobre la solicitud de Asoquimbo de declaratoria de desacato a la Sentencia T 135/13 sobre nuevo censo de afectados del Quimbo, teniendo en cuenta que según la Procuraduría, en los informes que presenta Emgesa, no existe un pronunciamiento hecho por la Procuraduría Regional del Huila, en cuanto al seguimiento que se hace al cumplimiento de la sentencia T-135/13.
Fuente
Sistema Integrado de Información
