Muchos de nuestros lectores escuchan hablar de temas jurídicos, sin entender que significa y porque razones; se dan estas sanciones, una de ellas es la “extinción de Dominio” que está regulada por la ley 1708 de 2014 y que indica : la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado.
Quiere decir que todos los inmuebles y muebles usados para el caso en referencia que es la explotación sexual, son excluidas del patrimonio de sus dueños, por ser usado en actividades ilícitas.
En los últimos días la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre seis bienes ubicados en Neiva (Huila), los cuales habrían estado al servicio de una red delictiva señalada de explotar sexualmente con fines comerciales a jóvenes extranjeras o en condición de vulnerabilidad.
Los activos afectados con fines de extinción del derecho de dominio están representados en tres inmuebles y tres bares. Las labores investigativas permitieron establecer que las víctimas, supuestamente, eran retenidas controladas y vigiladas en estos inmuebles y explotadas sexualmente en los establecimientos de comercio donde serían obligadas a tener encuentros íntimos con hombres mayores.
Al parecer, los presuntos integrantes de la organización ilegal contactaban las mujeres, muchas de ellas menores de edad, les hacían falsas ofertas de trabajo como meseras y las convencían de trasladarse a Neiva. Posteriormente, les quitaban los documentos de identidad y les imponían multas por manutención, hospedaje y otros conceptos, las cuales debían pagar con los dineros obtenidos de las actividades sexuales.
Por estos hechos, son procesadas varias personas como supuestos responsables de los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, secuestro y concierto para delinquir.
Esta actividad judicial es posible gracias al trabajo articulado de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía y unidades de la SIJIN de la Policía Nacional.
Los bienes, avaluados en cerca de 1.500 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.