Procuraduría destituyó e inhabilito por diez años al alcalde Gorky Muñoz
Gorky Muñoz, anunció que apeló el fallo en primer instancia.
La destitución e inhabilidad es por diez años para el alcalde Gorky Muñoz fue tomada por la Procuraduría en primera instancia por anomalías en la contratación del programa de alimentación escolar PAE en pandemia, a su vez, el Ministerio Público sancionó por 9 años a Armando Cabrera Rivera, actual jefe de la oficina de gestión de riesgo, Camila Mercedes Ortega Suárez, exsecretaria de la mujer, equidad e inclusión y a Giovanny Córdoba Rodríguez, exsecretario de educación del municipio.
Según el ente de control hubo vulneración de los principios de economía, planeación y selección objetiva en diferentes contratos celebrados en el municipio durante la emergencia por el Covid-19 en la vigencia 2020.
El organismo de control verificó la participación del alcalde y del jefe de la oficina de gestión de riesgo, en la contratación 682 de 2020 con el Fondo de Cultura y Turismo (Fomcultura) del departamento, en la realización de una campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del Covid-19 en la que adquirieron elementos para efectuar publicidad, bajo la figura de urgencia manifiesta, pero estos fueron almacenados sin que exista evidencia clara de su utilización, durante la vigencia de este.
También, el ente de control confirmó que en el contrato 681 de 2020 Muñoz Calderón, para atender y suministrar alimentos a habitantes de la calle, seleccionó el ejecutor de este sin previo análisis y sin tener la idoneidad, capacidad y requisitos mínimos para garantizar su cabal cumplimiento de las actividades solicitadas, por un valor aproximado de 425 millones de pesos; lo que generó que no se llegará a las 350 personas establecidas inicialmente.
Camila Ortega Suárez, sancionada habría realizado un el negocio jurídico 677 de 2020 que tenía como objeto brindar componente nutricional en los meses de marzo, abril y mayo para población vulnerable de Neiva justificaron, adicionaron y aprobaron ítems a este sin ninguna planeación como guantes, tapabocas, batas por $330 millones, como tampoco se realizaron la entrega de estos elementos.
Asimismo, la Procuraduría confirmó que Muñoz y Córdoba Rodríguez, escogieron los contratistas en las ordenes de servicio de interventoría 010 con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) y 011 de 2020 con la fundación Colombia florece sin que cumplieran con la experiencia y capacidad para su ejecución, además, existía entre ellos una inhabilidad, al confirmar que el representante legal de la organización sin ánimo de lucro es miembro de la junta directiva de la corporación, quien fungió como interventor de este.
Mediante un comunicado el alcalde Gorky Muñoz indicó que “aunque siempre hemos sido respetuosos de las instituciones, sobre el fallo de primera instancia, debemos manifestar que, si bien acatamos las decisiones de las autoridades administrativas, no compartimos la valoración probatoria realizada por la Delegada, dado que pasa por alto el contexto y las implicaciones que representó la Pandemia derivada del Covid-19, la Emergencia Sanitaria y el marco legal definido en la Ley 80 de 1993, para la contratación de urgencia manifiesta. En razón a ello, fue que apelamos la decisión”, dice el comunicado
Fuente
Sistema Integrado de Información
