Tres policías por presunta extorsión fueron enviados a casa por cárcel en el Huila
Se trata de Carlos Alberto Almeciga Ortega, Óscar Andrés Virguez Sepúlveda y Alveiro Bohórquez Rivera, detenidos por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva, por su presunta responsabilidad en los delitos de concusión, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público agravado, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público, los cuales no aceptaron haber cometido.
Gracias al trabajo adelantado por la Fiscalía a través de un despacho de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila, logró que tres funcionarios de la Policía Nacional fueran privados de la libertad señalados de haber constreñido a un ciudadano, en noviembre de este año, para que les diera dinero a cambio de darle libertad de manera ilegal.
Dayro Fernando Herrera Iglesias Director Seccional de Fiscalía Huila, indicó que “los hechos investigados ocurrieron el 1 de noviembre de 2022 en el CAI Los Alpes de Neiva. Los agentes, aprovechándose de las funciones propias de su cargo, se comunicaron con los padres del motociclista para exigirles la suma de $3.000.000 a cambio facilitar su libertad y destruir los elementos materiales probatorios que dieron lugar a su captura en flagrancia”.
A su vez, Herrera Iglesias manifestó que, "los policías harían pasar la moto como hallada en estado de abandono y la pondrían a disposición del fiscal que lidera el caso en el Meta, lo cual ocurrió el 3 de noviembre del mismo año, plasmando en documentos públicos falsedades con respecto a la fecha y forma en que fuera incautado el vehículo”.
La víctima fue capturada en el momento en que se verificaron los antecedentes de la moto que conducía, percatándose los policiales que estaba inmersa en una investigación por hurto y extorsión en un despacho del Gaula del Meta, por lo que el vehículo fue detenido e inmovilizado.
Al término de las audiencias de rigor, un juez con funciones de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en sus domicilios mientras avanza la investigación, sin embargo, ninguno de los servidores públicos aceptaron los cargos.
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