21 establecimientos comerciales han sido cerrados por incumplir las medidas de bioseguridad en Ibagué
La Policía Metropolitana de Ibagué, en cabeza de su comandante el coronel Gabriel Bonilla Gonzales, se unió a la rueda de prensa virtual de la Alcaldía de Ibagué, entregando la autoridad todo lo relacionado con el orden público, capturas, comparendos y cierre de establecimientos comerciales en medio de los toques de queda.
En lo expresado por el Coronel Bonilla, por medio de las caravanas que adelantan la METIB en compañía de funcionarios de la administración municipal se ha llegado a todas las 13 comunas con campañas de sensibilización y haciendo cumplir los decretos municipales y nacionales que se han impuestos en la lucha contra el COVID-19.
Durante los últimos días se han impuesto un total de 1.452 órdenes de comparendos a ciudadanos que fueron descubiertos violando el aislamiento social, además, se tuvieron que cerrar 21 establecimientos públicos por incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, un duro golpe para los comerciantes que deberán cesar sus actividades.
Un total de 9 personas han sido capturadas por los uniformados luego de ser descubiertos de forma reiterativa ir respetando las medidas municipales, muchas de ellas tienen más de tres comparendos y continúan poniendo en riesgo su salud, la de sus familias y la de los tolimenses.
Estos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, donde se les imputaran cargos y se avanzara con el proceso de judicialización en su contra, teniendo en cuenta que en Ibagué ya se impuso la primera condena en contra de una persona por incumplir las medidas fitosanitarias y de bioseguridad decretada por la Alcaldía de Ibagué.
Se trató de Andy Mauricio Zamora Villanueva, quien el pasado 10 de abril del año en curso, uniformados de la Policía Metropolitana lo detuvieron en flagrancia en la calle 60 entre carreras 6 y 7 de la ciudad, donde pudieron constatar que el sujeto se encontraba fuera de su casa, no cumplía el pico y cédula, y tampoco estaba bajo ninguna excepción contemplada dentro del decreto nacional expedido en marzo por la prevalencia del coronavirus. Tras haber aceptado los delitos imputados por la Fiscalía (violación a las medidas sanitarias), el juez de la república aceptó el preacuerdo entre las partes que contemplaba cumplir con la pena de 26 meses de prisión.