
Acusado de una masacre en Chaparral, pero asegura tener pruebas de su inocencia
Jonathan Andrés Díaz Quintero, un joven chaparraluno de 25 años, lleva nueve meses recluido en la Estación de Policía de su municipio, acusado de participar en una masacre ocurrida en el sur del Tolima. Desde su lugar de detención, denuncia que es víctima de un falso positivo judicial y afirma contar con pruebas sólidas que lo exoneran de cualquier responsabilidad.
Además, revela una serie de presuntos abusos cometidos por las autoridades policiales durante su reclusión, y clama por la intervención urgente de los entes de control y de los organismos defensores de derechos humanos.
“Me están condenando sin pruebas”
Díaz Quintero asegura que fue capturado dos meses después de los hechos, sin que existieran elementos materiales probatorios que justificaran su detención. Según él, desde el inicio del proceso ha entregado documentos y testimonios que evidencian que no se encontraba en el lugar del crimen.
“Ese día yo estaba en tratamiento médico. Tengo la historia clínica, testigos que estuvieron conmigo y hasta los registros del celular. Aun así, me capturaron como si yo hubiera sido uno de los autores. Es completamente injusto”, dice Jonathan.
Una de las revelaciones más graves en su testimonio tiene que ver con la retractación de un testigo clave del caso, quien, según Jonathan, confesó haber mentido luego de ser presionado por agentes de la Fiscalía y miembros de la Policía Judicial. A pesar de ello, el joven continúa privado de su libertad, mientras otros señalados en el proceso han sido liberados.
Reclusión con abusos y sin garantías
La situación del joven no solo ha estado marcada por la judicialización, sino también por las condiciones en las que permanece detenido. Desde la estación de Policía donde está recluido, denuncia constantes abusos, restricciones arbitrarias y maltrato por parte de algunos uniformados.
“Hay días en que no dejan ingresar ni una crema dental. Mis familiares vienen desde muy lejos y hacen esfuerzos enormes por traerme comida o productos básicos, pero todo depende del humor o el capricho del teniente de turno”, asegura.
Según su relato, estas restricciones se dan sin justificación, afectando no solo su integridad, sino también la de otros detenidos en condiciones similares. Afirma que ha presentado quejas, pero no ha recibido respuesta.
Accedió a pruebas genéticas para demostrar su inocencia
Con el objetivo de colaborar con la investigación y dejar en claro que no tuvo ninguna relación con el crimen, Jonathan se sometió voluntariamente a una prueba genética. Esto, luego de que la Fiscalía hallara rastros de sangre en el lugar de la masacre que no correspondían a las víctimas.
“Yo no tengo nada que esconder. Estoy aquí por un error del sistema y me está costando la vida, la salud, todo”, señala.
Un caso que comienza a llamar la atención
La historia de Jonathan ha comenzado a generar eco en organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, que piden una revisión rigurosa del proceso judicial y condiciones dignas para los detenidos.
Por ahora, su familia mantiene la esperanza de que su inocencia sea reconocida y que las pruebas que han entregado sirvan para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, Jonathan sigue esperando, entre rejas, que se le devuelva la libertad y se restablezcan sus derechos.
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