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Desmantelan red de corrupción del ‘Clan del Golfo’: Judicializados presuntos integrantes, incluidos militar y cantante
En un operativo que evidencia la lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes de una red de corrupción vinculada al ‘Clan del Golfo’. Entre los procesados se encuentran Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, su hijo Luis Fernando Zapata Jaramillo, el cabo primero del Ejército Nacional Juan David Caicedo Lucumí, el cantante de música popular Mauricio Capiz y Daniel Henao Hernández.
La red de corrupción y sus tentáculos
Según la Fiscalía, esta red habría operado ofreciendo dinero a integrantes de la fuerza pública a cambio de información sensible sobre operativos en el Magdalena Medio y el Sur de Bolívar. Estos datos permitían al ‘Clan del Golfo’ actuar con impunidad, evadiendo acciones de las autoridades y fortaleciendo su estructura criminal.
“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de una red que buscaba corromper a miembros de la fuerza pública para facilitar el actuar ilícito del ‘Clan del Golfo’”, señaló un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial.
Los implicados y sus roles
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Alias ‘La Tía’: Considerada la articuladora de la red, habría gestionado la información para que llegara a Arístides Mesa Páez, alias ‘Chirimoya’, máximo cabecilla de una subestructura del ‘Clan del Golfo’.
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Mauricio Capiz: El cantante y militar en retiro habría aprovechado su experiencia en las fuerzas armadas para obtener detalles de operaciones militares.
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Juan David Caicedo Lucumí: El cabo primero del Ejército Nacional está acusado de contactar a un oficial para obtener información reservada a cambio de más de 50 millones de pesos.
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Luis Fernando Zapata Jaramillo y Daniel Henao Hernández: Ambos habrían participado en la entrega de dinero a los funcionarios corruptos.
Un caso emblemático de corrupción
Uno de los eventos delictivos que se les atribuye ocurrió entre octubre de 2024 y enero de 2025. Según la investigación, Caicedo Lucumí contactó a un oficial del Ejército y lo convenció de entregarle información reservada a cambio de dinero. Mauricio Capiz habría transferido un primer millón de pesos, mientras que Zapata Jaramillo y Henao Hernández completaron el pago en dos entregas de 25 millones de pesos cada una, en lugares públicos de Medellín.
“Este caso es un ejemplo de cómo las redes criminales buscan infiltrarse en las instituciones del Estado para proteger sus intereses ilícitos”, afirmó el fiscal a cargo de la investigación.
Medidas de aseguramiento y próximos pasos
Los cinco procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Aunque no aceptaron los cargos, se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza la investigación.
Impacto en la lucha contra el crimen organizado
Este operativo representa un golpe significativo a las estructuras de corrupción que sostienen al ‘Clan del Golfo’, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Colombia. La Fiscalía reiteró su compromiso con la transparencia y la justicia, asegurando que continuará trabajando para desmantelar estas redes que amenazan la seguridad y la institucionalidad del país.
“La judicialización de estos presuntos integrantes es un mensaje claro: no habrá impunidad para quienes busquen corromper a las instituciones del Estado”, concluyó el fiscal.
Reflexión final
La captura y judicialización de estos presuntos integrantes de la red de corrupción del ‘Clan del Golfo’ no solo desnuda los vínculos entre el crimen organizado y algunos miembros de la fuerza pública, sino que también refuerza la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones.
Este caso, que involucra a figuras como un cantante de música popular y un militar en servicio activo, es un recordatorio de que la corrupción no tiene fronteras y que su combate requiere el esfuerzo conjunto de toda la sociedad.
Mientras los procesados enfrentan su futuro tras las rejas, el país espera que este sea solo el inicio de una serie de acciones contundentes que permitan desarticular por completo las redes que sostienen al crimen organizado en Colombia.
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