
Fiscalía lleva a juicio a exalcalde de Cunday por contratos irregulares durante pandemia
La pandemia: el telón perfecto para el desfalco
En momentos donde la solidaridad y la transparencia debieron ser la norma, algunos funcionarios vieron en la emergencia sanitaria la oportunidad perfecta para enriquecerse. Este parece ser el caso en Cunday, donde la Fiscalía General de la Nación ha presentado un contundente expediente contra el exalcalde Luis Gabriel Pérez Rivera (2020-2023).
El proceso judicial que apenas comienza no solo involucra al exmandatario local, sino también a tres particulares que habrían participado en una red de contratación fraudulenta: Henry Vásquez Sánchez, Henry Smith Guzmán Triana y Germán Torres Pedreros. Todos ellos enfrentan graves acusaciones que incluyen contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
La ingeniería del fraude al descubierto
La investigación de la Fiscalía ha permitido identificar al menos tres contratos con graves irregularidades, todos firmados durante los primeros días de la pandemia, cuando el pánico y la urgencia nublaban el juicio ciudadano sobre la gestión pública.
El primer caso involucra $60 millones destinados supuestamente al transporte de fríjol para familias vulnerables. Lo curioso: la empresa contratista, representada por Guzmán Triana, no tenía experiencia alguna en esta actividad. ¿Cómo logró entonces la adjudicación? Según las autoridades, con documentación falsa avalada por el entonces alcalde Pérez Rivera.
Apenas una semana después, el 26 de marzo de 2020, la administración municipal firmó otro contrato por $75 millones para adquirir 125 kilos de fríjol, esta vez con una fundación representada por Torres Pedreros. Sin embargo, las pesquisas indican que la Alcaldía realizó directamente la compra, convirtiendo al contratista en un simple intermediario que cobró sin prestar servicio alguno.
Termómetros industriales: la evidencia más contundente
Quizás el caso más escandaloso sea el de los termómetros digitales. En plena crisis sanitaria, cuando estos dispositivos eran cruciales para la detección temprana de casos de COVID-19, la Alcaldía de Cunday adquirió 15 unidades por $8,6 millones. Pero había un pequeño detalle: según expertos del CTI, estos termómetros eran para uso industrial, no médico, y además ¡ya habían sido usados!
Lo más grave: la empresa contratista ni siquiera se dedicaba al sector salud, sino a la comercialización de internet de banda ancha. Una compra sin estudios previos de necesidad y sin especificaciones técnicas claras, en un momento donde cada peso era vital para proteger la salud de los cundayenses.
El rechazo de cargos: comienza la batalla legal
En la audiencia ante el juez de control de garantías, ninguno de los implicados aceptó los cargos, lo que anticipa un largo proceso judicial. Sin embargo, la evidencia recopilada por la Fiscalía parece sólida y señala directamente a una administración que aprovechó el caos de la pandemia para desviar recursos públicos.
Desde Alerta Tolima 1420 AM, La Voz Mayor del Tolima, seguiremos atentos al desarrollo de este caso que demuestra, una vez más, cómo la corrupción se alimenta de la tragedia y la necesidad de nuestras comunidades más vulnerables. La transparencia en la gestión pública no puede ser negociable, especialmente en tiempos de crisis.
¡La justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias!
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