Luis H. acepta cargos y enfrentará más de cuatro años de prisión tras preacuerdo con la Fiscalía
El exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con los Juegos Nacionales de 2015, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que lo llevará a pagar una pena de 58 meses y 21 días de prisión.
En una audiencia celebrada recientemente, Rodríguez admitió su responsabilidad en los delitos de prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos y contratación sin cumplimiento de requisitos legales. Este acuerdo incluye una rebaja de una sexta parte de la pena.
“De manera libre y consciente, acepto mi responsabilidad con el fin de contribuir con la justicia y poner fin a este proceso”, manifestó Rodríguez durante la audiencia.
Sin embargo, el delito de peculado por apropiación quedó excluido del preacuerdo, lo que implica que el exalcalde aún deberá enfrentar juicio por esa acusación, que se relaciona con el presunto uso indebido de recursos del Estado.
Corrupción que dejó heridas en Ibagué
Luis Hernando Rodríguez, quien fue alcalde entre 2012 y 2015, reconoció su participación en irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos para las obras de los Juegos Nacionales. Estas irregularidades incluyeron sobrecostos, direccionamiento a contratistas específicos y omisión de requisitos legales, lo que derivó en el mal manejo de los recursos públicos y dejó a Ibagué con escenarios deportivos incompletos y en mal estado.
Críticas al preacuerdo
El abogado Jaime Parra Cubides, representante de las víctimas, expresó su preocupación por el preacuerdo. Si bien resaltó que este paso representa un avance al responsabilizar al exalcalde, criticó la pena acordada por considerarla insuficiente frente al daño causado a la ciudad y a los ibaguereños.
“El hecho de que Rodríguez haya aceptado parte de su responsabilidad no debe ser motivo de celebración, especialmente cuando no se entregaron detalles sobre el destino de los recursos malversados ni se identificaron a los demás involucrados en este entramado de corrupción”, señaló Parra Cubides.
El abogado también cuestionó la moralidad de permitir preacuerdos si no se garantiza la devolución de los recursos y una confesión completa. “Si él dice que está contribuyendo con la justicia, entonces debe hacerlo de manera íntegra”, concluyó.
El siguiente paso
El preacuerdo será sometido a revisión por parte del juez, quien decidirá si lo avala o no. Mientras tanto, este caso sigue siendo un recordatorio del impacto que la corrupción puede tener en el desarrollo de una ciudad, así como de la necesidad de medidas más estrictas para garantizar justicia y reparación para los ciudadanos.
Las cicatrices dejadas por la corrupción de los Juegos Nacionales todavía pesan en Ibagué, y la ciudad continúa en el proceso de superar las consecuencias de estas irregularidades casi una década después.
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