Luis H. nuevamente imputado por la Fiscalía por desfalco en Juegos Nacionales

Una nueva audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo ante el Juzgado Sexto con Función de Garantías en contra del ex alcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez de 58 años de edad, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario del municipio de El Espinal, en el cual la Fiscal 4 delegada ante el Tribunal Superior lo señaló como uno de los responsables del incumplimiento de las obras para el Estadio Manuel Murillo Toro.

En la audiencia se esperó la asistencia de Leonardo Valero exasesor del IMDRI, Mauricio Campos del Cairo arquitecto y Carlos Heberto Ángel ex gerente del IMDRI, quienes también serían señalados por los hechos a los cuales se hace referencia, sin embargo, hubo inconvenientes con el INPEC que no permitieron el traslado de los mismos.

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En cuanto a la imputación se determinó que bajo las investigaciones por parte de la Seccional de Análisis criminal, Grupo de Obtención y Tratamiento de Información de la Seccional Tolima, señaló que Luis H. alcalde de la capital tolimense para el período 2012 - 2016 participó en la adjudicación del contrato 087 en febrero del año 2015 a favor la Constructora A&C S.A, el cual tenía el objetivo de la interventoría de las obras de ampliación, remodelación y adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro en febrero del año 2015.

Según la delegada Fiscal, cuenta con suficientes elementos materiales probatorios para demostrar que el ex alcalde fue partícipe de los eventos ilegales en el desfalco de los Juegos Nacionales y Paranacionales, bajo los delitos en calidad de coautor de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales como coautor por omisión, de los cuales no aceptó ser responsable.

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Otra de las irregularidades es que el contrato de dichas obras se publicaron en la convocatoria del concurso de méritos un día después de lo establecido, pero suscribió un mes después de la fecha programada, es decir el 19 de febrero de 2015, por lo tanto se afectó a la transparencia, responsabilidad y compromiso en la adjudicación del contrato.

Al culminar la diligencia judicial la delegada Fiscal solicitó aplazar la audiencia contra los demás implicados.