Medida de aseguramiento y detención domiciliaria contra el exgobernador Fernando Osorio

Frente a las investigaciones que venía adelantando la Fiscalía General de la Nación contra el exgobernador Fernando Osorio Cuenca en la suscripción del contrato 336 del 2007 con el convenio Andrés Bello, el día de hoy, el tribunal superior de Bogotá dio paso a la decisión de imponer una medida de aseguramiento luego que la misma fuera solicitada por el ente acusador.

Es de recordar que frente a este contrato, el valor inicial del mismo fue de mil 208 millones de pesos, monto que fue entregado en totalidad a la Secap como acuerdo para dar paso al desarrollo del contrato, mientras que el contratista determinó que entregaría 128 millones de pesos en bienes y servicios para adelantar lo pertinente.

De igual forma frente a la suscripción del contrato, se realizó para el 13 de junio del 2007 la afición por una suma de 900 millones de pesos, aportes que realizara también en su totalidad y que para el mismo la Secap determinara que aportaría 120 millones para la ejecución del mismo.

Es así como luego de verificar las pruebas aportadas por la fiscalía, el magistrado José Joaquín Urbano manifestó que en la invitación pública para la adjudicación de ese contrato ya se tenía un direccionamiento para que la obtuviera la secab y así mismo se basó en lo advertido para la entonces directora del departamento de asuntos jurídicos de la gobernación, Olga Lucía Liévano, quien aseguró que con tres semanas de anticipación había advertido al gobernador Fernando Osorio cuenta que el convenio violaba el régimen de contratación y que lo que se debió haber fue una contratación pública.

Así mismo se estableció que los dineros aportados por el gobierno departamental fueron tomados de recursos destinados para satisfacer necesidades de algunas secretarías de la gobernación como lo fue la de salud y educación, advirtiendo así las mismas carteras que no se había cumplido con lo acordado en el contrato. Así mismo se encontró que la Secap nunca cumplió con la entrega de los aportes, nunca hizo entrega de los rendimientos financieros y tampoco sobre la cuota de administración.

Ahora bien, frente a la petición de la fiscalía de dictar una medida de aseguramiento en centro carcelario, el alto tribunal manifestó que el exgobernador Fernando Osorio no corresponde un peligro para la sociedad ya que es una persona ya pensionada y de avanzada edad, advirtiendo que la pena que se podría imponer puede ser bastante alta por lo que habría peligro a su no comparecencia ya que se expone a una pena grave, satisfaciendo así que todos los lineamientos solicitados por el alto tribunal.

Es así como la decisión del tribunal superior de Bogotá fue de imponer una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de residencia por lo que se ordenó emitir la respectiva orden de captura para que funcionarios del CTI de la fiscalía la hagan efectiva al finalizar la diligencia judicial.

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