Paro nacional: Juez envió a la cárcel a cuatro implicados en actos de vandalismo

Erika Lorena Flórez Durán, Justo Ernesto Villaraga Trujillo,  Miguel Andrés Parga y Greisy  Alejandra Perilla Vargas fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. 

La Fiscalía les imputó los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en medio de transporte público, obstrucción a vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Los procesados se declararon inocentes. 

El juez tuvo en cuenta las pruebas presentadas por el ente investigador entre los que se encuentran grabaciones, interceptaciones telefónicas que arrojaron más de 1.600 horas de conversaciones y 112.000 actividades como audios, datos y mensajes, para determinar que los procesados representan un peligro para la sociedad y pueden afectar el desarrollo del proceso penal.

"El juzgado 74 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, accede impartiendo la respuesta positiva al problema jurídico de la Fiscalía a imponer una medida  de aseguramiento consistente en detención preventiva de la libertad para los ciudadanos Erika Lorena Flórez Durán, Greisy Alejandra Perilla Vargas,  Miguel Andrés Parga y Justo Ernesto Villaraga Trujillo", dijo el juez. . 

Otro de los argumentos del funcionario judicial consistió en que existe riesgo que sigan cometiendo las conductas delictivas y que, continúen adelantando el supuesto adoctrinamiento de jóvenes para que protagonicen actos de vandalismo mientras, se desarrollan las protestas en ciudades como Bogotá.

"El 22 de noviembre fue catastrófico no hubo reparos, el 17 y 18 tuvieron bloqueada la vía hacia la localidad de Usme o la Avenida Boyacá; estos eventos se originaron a cualquier hora del día. Solo con presentar una prohibición para no salir del país y cómo lo argumentó la Fiscalía, hay un riesgo de no comparecencia, de fuga". 

Aunque el juez señaló durante la audiencia que duró más de siete horas, que cada uno de los investigados tienen su residencia en Bogotá además de trabajos y ocupaciones, por lo que se puede demostrar su arraigo, no fue suficiente para imponer una detención domiciliaria 

"Ninguna de las medidas no privativas de la libertad sería suficiente para cumplir los fines constitucionales; tampoco podrá sustituirse por una en el lugar de residencia". 

Por último, dijo el juez a los abogados de la defensa que posteriormente, podrán solicitar mediante audiencia la sustitución de la medida de aseguramiento.

Los defensores de los investigados presentaron recursos de reposición y de apelación, en este último caso será un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento, el que determine si revoca o no la medida impuesta este jueves