El hombre cobraba entre $20 y $80 mil para agilizar trámites a tres personas
26 Nov 2022
08:40 AM
¿Pidiendo plata? Domiciliaria a exfuncionario de la Secretaría de Movilidad en Ibagué
El hombre cobraba entre $20 y $80 mil para agilizar trámites a tres personas en cuando laboraba en la ventanilla de esta dependencia.
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías afectara con medida de aseguramiento domiciliaria a Camilo Andrés García Arbeláez, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.
La decisión se da por hechos ocurridos dentro de la Secretaría de Movilidad de Ibagué en el año 2020, cuando el funcionario de 36 años para la época de los hechos estaba encargado de la atención al público y la aprobación de trámites de traspaso en la ventanilla de la Secretaría.
Según los investigadores del Grupo de Administración Pública, su posición la habría aprovechado para exigir dádivas a tres personas, a cambio de agilizar este tipo de trámites, cobrando tarifas que iban desde los $20.000, hasta $80.000.
Al término de las audiencias de rigor no aceptó los cargos enrostrados por la delegada fiscal de la misma unidad.
A la cárcel juez de Ambalema por exigir dinero a dos personas para trabajar en su despacho
Personal del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) adscrito al grupo de competencias generales en coordinación con el grupo técnico operativo y de capturas de la Seccional Tolima, materializó en vía pública del barrio Villa Teresa de Ambalema, la captura por orden judicial del juez Fernando Morales Leal, por el punible de concusión.
De acuerdo con las investigaciones, Morales Leal se aprovecharía de su cargo como juez promiscuo municipal y de su función como nominador para solicitar a dos personas que aspiraban a desempeñar cargos en ese despacho, dinero de manera mensual, a cambio dejarlos trabajar allí.
Información suministrada a la redacción judicial de las noticias de La Cariñosa 1.420 AM da cuenta que además, les habría exigido que expidieran una carta de renuncia abierta como condición para posteriormente disponer de ella cuando ellos no cumplieran con el pago. Las diligencias dieron inicio con base en la compulsa de copias que efectuó el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, de la queja disciplinaria que formuló una persona que manifestó haber recibido amenazas de parte del hoy procesado, quien además le exigió, según ella, la suma de $1.000.000 mensuales para ser nombrada en provisionalidad como secretaria del juzgado.
Se pudo establecer que dentro de esta indagación se conoció de otra víctima a quien le habría pedido $500.000 también mensuales para nombrarlo como citador
Fuente
Alerta Tolima
