Foto de archivo
Así se dio a conocer a los medios de comunicación, el cual se reveló que la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia bajo el procurador Segundo Delegado, aceptó la solicitud del abogado de Luis H. Rodríguez ex alcalde de Ibagué y se verificó la nulidad del proceso el cual había inhabilitado y destituido por 18 años.
FALLO PRIMERA INSTANCIA
A comienzos de diciembre del año 2017, el Ministerio Público le endilgó cargos en relación con los Juegos Nacionales del año 2015, el primero de ellos por violar el principio de responsabilidad a título de culpa gravísima, ya que no hizo control y vigilancia a la delegación del IMDRI para la realización de la remodelación y construcción de los escenarios deportivos.
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El segundo cargo imputado por la Procuraduría fue por desatender los requisitos para la delegación contractual en cabeza del IMDRI y el último por violar el derecho de petición. Se estableció que el exalcalde fue advertido en varias oportunidades por Coldeportes, la Procuraduría y la Contraloría sobre los riesgos que correría al adjudicarle toda la responsabilidad al instituto, ya que el mismo no contaba con la capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las contrataciones necesarias.
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SEGUNDA INSTANCIA
Como el abogado de la defensa interpuso recurso de apelación, se llevó a cabo el fallo en segunda instancia en la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, con manifestación del procurador Segundo Delegado, quien declaró que “la actuación se encuentra viciada de conformidad con lo establecido en el artículo 143.3 de la Ley 734 de 2002”.
Uno de los argumentos de la defensa de Luis H. Rodríguez fue que en el afán del ente de control por la entrega resultados en las investigaciones de los Juegos Nacionales de Ibagué, conllevó a que los responsables del proceso demostraran erradamente los cargos que le imputaron al ex burgomaestre concluyendo que, había inconsistencias en el fallo sancionatorio.
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No obstante, la Procuraduría confirmó que las pruebas correspondientes y practicadas legalmente tendrán su validez y que la Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal tendrá que reestablecer el proceso, pero, el Ministerio público hasta el momento no se había pronunciado ante esta decisión o el reinicio del proceso.
