Se hundió reforma que hacía meritocrática la elección del fiscal general
La Comisión Primera del Senado volvió a aplazar la discusión de la reforma constitucional que pretende modificar la forma como se elige el Fiscal General de la Nación en Colombia y sentenció su hundimiento en el Congreso de la República.
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La iniciativa ya no podrá salir adelante porque no hay tiempo para que sea aprobada en tercer y cuarto debate en el Senado antes del 16 de diciembre, día en el que terminan las sesiones ordinarias.
El acto legislativo planteaba que la terna para elegir a este funcionario judicial debía salir luego de hacerse un concurso de méritos que arrojara los 10 mejores puntajes.
El representante José Daniel López, autor de la propuesta, explicó que hubo demoras en el trámite de la reforma y culpó a la bancada de gobierno.
“La coalición de gobierno hundió nuestro proyecto para introducir meritocracia en la elección del fiscal general. Lo hundió porque en el segundo debate en la plenaria de la Cámara desarmó el quórum y nos hizo perder semanas valiosas. En la Comisión Primera del Senado presentó ponencia de archivo y negó la propuesta que hicimos de mejorar el proyecto en el orden del día, haciendo imposible en términos de tiempo que pueda salir adelante”, indicó.
Cuestionó que el Gobierno no haya tenido como prioridad el trámite de esta iniciativa, que hubiese sido una gran herramienta en la lucha contra la corrupción.
“Es francamente incomprensible que este Gobierno, que al mismo tiempo impulsa una agenda anticorrupción, se dedique al hundimiento de proyectos que avanzan enormemente en materia de meritocracia en los altos cargos del Estado”, añadió.
Una reforma constitucional debe ser aprobada en ocho debates, en sesiones ordinarias y en dos periodos legislativos consecutivos, pero como esta legislatura termina el 16 de diciembre, los tiempos no son suficientes para que pueda seguir avanzando.
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Este proyecto se hunde en momentos en que el presidente de la República, Iván Duque, presentó la terna ante la Corte Suprema de Justicia para la elección del fiscal general de la nación, la cual está conformada por: Francisco Barbosa, alto consejero presidencial, Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia.