A través de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), los alcaldes municipales hicieron un llamado al Congreso de la República para que se derogue la Ley de Garantías Electorales.
Los mandatarios aseguran que de los 48 meses de gestión, en 14 deben acatar las restricciones de la Ley 996 de 2005, lo que equivale al 35% de su tiempo de gestión.
Los alcaldes y alcaldesas de país pidieron a los congresistas votar en favor de la eliminación de los artículos de la Ley 996 de 2005 ya que, aseguran, les impide por ejemplo suscribir convenios interadministrativos para llevar programas sociales a sus comunidades o gestionar recursos nacionales para sus proyectos.
“La prohibición no puede ser la herramienta para controlar la contratación en país, los entes de control tienen las herramientas para verificar en tiempo real los procesos de contratación que realizan los municipios, lo han demostrado con el control contractual en la pandemia”, aseguró Gian Carlo Gerometta, presidente de Fedemuncipios y el alcalde de Mosquera, Cundinamarca.
El presidente de la Federación señaló que, adicional a los 14 meses en los que deben acatar las restricciones de la Ley 996, "podrían sumarse cinco meses de aprobación de los planes de desarrollo territoriales y seis meses de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que ocurre a la mitad del período territorial, y que exige un nuevo proceso de armonización".
Por lo que aseguró que en total son 25 de los 48 meses de gestión, los que, en la práctica, "tienen importantes limitaciones para llevar a cabo con agilidad los programas de gobierno planteados por los gobernantes locales a sus electores".
Los alcaldes municipales señalaron que "es un panorama adverso para la gestión local, que en los próximos meses debe sumarse el enorme reto de la recuperación económica y social, que nos urge en medio de una pandemia que aún no termina".
Advirtieron que "la gestión pública no debe seguir sometida a prohibiciones que, sin la existencia de la reelección presidencial, no contribuyen con la transparencia, sino que solo impiden que los programas del Estado lleguen a las poblaciones".