Comisión Primera de Cámara de Representantes, citó a debate para socialización de informe del Plan Nacional de Política Criminal.
En el desarrollo de la discusión para la política que establezca los parámetros de atención a la criminalidad en el país, también se expusieron las problemáticas que existen con relación a la capacidad carcelaria que tiene el estado, de acuerdo a la intervención de la Representante a la Cámara por el Tolima, Adriana Magali Matiz. “Hay que garantizar los intereses esenciales del estado y los ciudadanos, me preocupa el hacinamiento en las cárceles esto es inhumano, hay que tener en cuenta no sólo los delitos contra el estado".
Del mismo modo, la parlamentaria expuso. "Acá es muy importante que dentro del Plan Nacional de Política Criminal, se analice el marco legal dentro de los lineamientos de ajustes, para la lucha contra la cibercriminalidad".
Es de resaltar que, de acuerdo a la presentación y lineamientos de la política criminal en Colombia, se ha caracterizado por ser reactiva, inestable, punitiva y subordinada a las tendencias populistas en materia de seguridad ciudadana, valiéndose del sistema penal y de la privación de la libertad, como las medidas principales para resolver los problemas de criminalidad.
Es por lo anterior que, el Ministerio de Justicia como cabeza del Consejo Superior de Política Criminal, a través de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, en calidad de Secretaría Técnica del mismo, presentó la propuesta de trabajo dirigida a que este organismo colegiado formule, apruebe y ponga en marcha el Plan Nacional de Política Criminal para los próximos cuatro años.
La Ley 1709 de 2014, al modificar las funciones del Consejo Superior de Política Criminal, dispuso que a éste corresponde la elaboración de un Plan Nacional de Política Criminal, con una vigencia de cuatro años. Este Plan tiene como objetivo dotar de coherencia a la política criminal en Colombia.
Por su parte, el Decreto 2055 de 2014, que reglamenta el funcionamiento y funciones del Consejo Superior de Política Criminal, así como sus instancias técnicas, señala que le corresponde a este cuerpo colegiado, consolidar, solicitar o analizar información referente a temas de interés relacionados con la criminalidad, tanto como fenómeno social, como en lo relativo a su tratamiento dentro del desarrollo de las fases de la política criminal. Este tipo de análisis deben ser la fuente para la formulación de un plan de actuación conjunto para promover intervenciones oportunas y prioritarias frente a fenómenos delictivos.