Congresistas investigados por apoyo a las protestas piden protección de la Unión Interparlamentaria

Los congresistas enviaron un informe con los hechos que, según ellos, demuestran la persecución de la cual han sido víctimas y que ha atentado contra su actividad parlamentaria.

Los congresistas que firmaron el documento son Ángela María Robledo, María José Pizarro, Inti Asprilla, Jhon Jairo Hoyos, Iván Cepeda, Wilson Arias, Alexander López, Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino.

En el informe, los Congresistas, denunciaron ser objeto de señalamientos, en los que los tildan de ser “incitadores” o “responsables”, no sólo de las movilizaciones sociales que ha realizado la ciudadanía desde el pasado 28 de abril, sino de las presuntas alteraciones al orden público en algunas ciudades.

También evidenciaron la presentación de acciones judiciales en su contra con denuncias que, según ellos, “pretenden deslegitimar el ejercicio de su actividad parlamentaria y su defensa de los derechos a la vida, integridad y seguridad de la ciudadanía”.

En ese caso se habla de investigaciones como es el caso de los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, y la apertura de investigaciones disciplinarias, por parte de la Procuraduría contra los congresistas María José Pizarro, Ángela María Robledo, Inti Asprilla, Wilson Arias, Alexander López y Antonio Sanguino.

También presentaron los supuestos actos intimidatorios contra la Representante a la Cámara Ángela María Robledo, por parte del Comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, y los hechos de supuesta persecución de la Fuerza Pública contra el Senador Wilson Arias, y contra el también Representante a la Cámara, Jhon Jairo Hoyos.

La petición de los congresistas a la Unión Interparlamentaria es que solicite al Estado Colombiano medidas para que las investigaciones que adelanta la Procuraduría en su contra, se realicen respetando sus garantías constitucionales.

Dichas investigaciones disciplinarias se abrieron de manera paralela a la discusión y votación del proyecto de ley presentado por la procuradora Margarita Cabello para reformar la entidad y que, según los congresistas de la oposición, “a todas luces desconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro Vs Colombia”.