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Con la sanción de la nueva Ley de Orden Público en Colombia, Ley 1941, el estado Colombiano cuenta con unas nuevas normativas que amparan en el ejercicio por parte de los organismos del estado la implementación de todos los mecanismos y herramientas posibles para la consolidación y construcción de un estado social de derecho en el cual se informe además un ambiente de paz, sin la presencia de agentes que alteren el orden público en el ámbito nacional y territorial.
Contempla la posibilidad de establecer estrategias que lleven a prevenir situación de alto impacto en la sociedad y que si constituyen en una amenaza para la comunidad en general, generando incertidumbre ente la población, por lo que además se brinda una serie de características y de herramientas que permiten establecer e identificar qué tipo de organizaciones no puede ser consideradas al margen de la ley en todo el ámbito de la seguridad nacional.
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En esta ley se contempla la creación de varias entidades o dependencias de importancia para controlar e identificar el proceder y actuar de quienes estarían infringiendo la ley colombiana con sus actividades presuntamente ilícitas, evitando así la prolongación de todo lo relacionado con hechos que irrumpan con la tranquilidad en el territorio nacional.
Inicialmente se establece la creación del Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delitos Transaccionales o Terrorismo, la cual estará a cargo de poder identificar todo lo que se relaciona con las actividades comerciales aparentemente ilícitas de las organizaciones delincuenciales en el territorio nacional, permitiendo así, no sólo asegurar un conocimiento pleno sobre dichas fianzas, además realizar un seguimiento sobre lo que se relaciona con las actividades de cada uno de las organizaciones que se tengan identificadas.
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Otro de los aspectos relevantes en esta normativa es, la creación del Registro Nacional de Identificación Balística, estableciendo que este organismo deberá ser el estamento por medio del cual se reglamente cada una de las identificaciones de las armas de fuego que se cuentan legalmente registradas ante los organismos de seguridad del estado, esto con el propósito de poder mantener bajo control el tráfico y porte de este tipo de elementos, conocer así mismo cuántos de estos están legalmente registrados y proceder al registro de aquellos elementos que por acciones de los organismos del estado, resulten incautadas ingresándolas al sistema nacional y mantener allí hasta tanto no se determine una decisión final de las autoridades sobre su disposición definitiva.
