Juegos de azar
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RCN
14 Dic 2024 10:53 AM

Definidas nuevas reglas para la operación de rifas en Colombia

Diana
Cabrera
A través de un decreto el gobierno nacional busca combatir la ilegalidad y aumentar recursos para la salud.

Mediante un decreto el presidente Gustavo Petro, estableció nuevas reglas para la operación de rifas en Colombia.

Se trata del Decreto 1486, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que establece nuevas reglas para la operación de rifas en el país.

La nueva normatividad busca combatir la ilegalidad, especialmente en redes sociales, y fortalecer el control sobre este tipo de juegos de suerte y azar, incrementando las transferencias destinadas a la salud.

A su vez le apunta a la Transformación y modernización del sector.

Según el Decreto se introduce medidas clave para modernizar y dinamizar el sector, incluyendo la posibilidad de operar rifas a través de plataformas tecnológicas y utilizando Generadores Aleatorios de Números (GNA), herramientas que garantizan la transparencia en los resultados.

“Asimismo, se habilita la participación de gestores terceros, sean personas naturales o jurídicas, quienes podrán realizar hasta dos rifas mensuales (24 anuales) previa autorización de Coljuegos”, dice el documento.

A su vez los gestores deberán pagar un 14 % de los ingresos brutos generados por la venta de boletas, cifra que equivale al total del valor emitido en cada rifa. 

“Este mecanismo no solo asegura el cumplimiento legal, sino que también contribuye significativamente al financiamiento del sistema de salud”, señaló.

El documento establece el impacto económico y social con el que el Gobierno espera aumentar en $70.000 millones anuales las transferencias para la salud provenientes de la operación legal de rifas, una cifra que se suma al billón de pesos transferido en 2024 gracias a los juegos de suerte y azar.

“Al fortalecer la regulación y adaptar este sector a las tendencias tecnológicas actuales, el Decreto no solo mejora el control sobre las rifas, sino que también incentiva su formalización, disminuyendo significativamente la operación ilegal que afecta la recaudación estatal y pone en riesgo a los consumidores”, destacó.