Detención domiciliaria será concedida previo examen de medicina legal al detenido

Así lo solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, para dejar en firme la norma que obliga a los jueces solicitar un dictamen previo del Instituto de Medicina Legal, como principal requisito para poder conceder la detención domiciliaria a los reclusos que acusen estar en delicado estado de salud y que sean objeto de la solicitud de medida de aseguramiento.

En concepto enviado al alto tribunal afirma que este tipo de dictamen pericial emitido por médico oficial sobre la salud  de los reclusos con detención en centro carcelario, sean imputados o acusados, es un apoyo y soporte a la administración de justicia, aclarándose que esto no genera ningún tipo de desequilibrio en el desarrollo del proceso penal.

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La Procuraduría señaló que el Instituto de Medicina Legal no estará con esta petición, subordinado a la Fiscalía General de la Nación, como lo argumentó un demandante del numeral 4 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, especificando que esto se trata de una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Si bien el Fiscal General participa en la Junta Directiva del instituto y designa a su director, esto no se puede interpretarse como una falta de autonomía o subordinación,  por el contrario debe observarse como una expresión de los controles existentes para la fijación de políticas generales y el trabajo coordinado con otras ramas del poder público.

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La Procuraduría enfatiza que el dictamen de Medicina Legal no rompe la igualdad entre las partes procesales, porque la detención domiciliaria por definir no se relaciona con el objeto de la investigación penal, expresa en estos casos, que es el juez quien define si el imputado o acusado deba permanecer en una clínica o un hospital.

El concepto médico es uno de los medios de prueba que el juez debe considerar para sustentar y definir su decisión, y es el funcionario judicial quien debe velar porque las condiciones de reclusión sean compatibles con el estado de salud del detenido, respetándole sus derechos y garantías como parte investigada por los organismos judiciales.