A través de su cuenta de Twitter, el magistrado del Consejo Electoral, Luis Guillermo Pérez, informó que el fiscal Tercero Delegado ordenó ante el Tribunal Superior de Cali que se realice una auditoría forense a software del proceso electoral.
Esta decisión se dio en respuesta a una solicitud, radicada bajo la figura de derecho de petición, por el magistrado Luis Pérez, quien solicitó activar las competencias necesarias para proteger las garantías electorales en la segunda vuelta presidencial.
En el oficio, la Fiscalía, le solicitó al registrador Nacional, Alexander Vega, informar los motivos por los que “se ha sustraído de su deber legal de acatar fallos como el del Consejo de Estado del 2018”.
De igual manera, le pidió al registrador explicar por qué se compró solo un software parcial y no total para el proceso electoral, tal y como había sido ordenado en un fallo del Consejo de Estado emitido en 2018.
“Y se indique qué se ha hecho frente a la denuncia pública del candidato Gustavo Petro de que “en las pasadas elecciones no se acreditaron debida y oportunamente 12.000 testigos y que hubo 500 mesas donde le quitaron en cada una un promedio de cien votos al candidato del Pacto Histórico (…)””, reza el oficio.
Por otra parte, también le solicitó al Consejo Nacional Electoral exponer las gestiones que se han adelantado para vigilar el cumplimiento de los cuatro requerimientos enviados al registrador Vega.
“Saber que ha hecho para garantizar que las campañas puedan, efectiva y oportunamente registrar sus testigos electorales con código QR para la identificación virtual de los mismos (…)”, se indica en el oficio.
Por último, se ordenó la realización de auditorías forenses a los softwares de selección de testigos y jurados, así como de preconteo, escrutinio y obtención del consolidado de los resultados tanto de las elecciones de la segunda vuelta presidencial así como de los comicios legislativos pasados.