Fiscalía llama a imputación de cargos a Jaramillo por contrato de alumbrado navideño
Para este miércoles 20 de diciembre a las 4 de la tarde fue fijada la audiencia preliminar de imputación de cargos contra el alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo por el otorgamiento del polémico contrato del alumbrado navideño del año 2016 por 1.691 millones de pesos.
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La diligencia se cumplirá ante el Juez Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías Norberto Ferrer Borja, el mismo que siendo Juez Primero Penal del Circuito condenó al ex coronel Joaquín Aldana.
La audiencia se realizará por solicitud de la Fiscal 22 seccional de Ibagué, Claudia Chalarca, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, quién considera que Jaramillo incurrió en los presuntos delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros reglados en los artículos 410 y 397 del Código Penal Colombiano.
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Se desconoce si a la misma fueron citados y vinculados otros funcionarios de la Administración Municipal y el contratista.
Todo por cuenta del contrato No.1918 por 1.691 millones de pesos que Guillermo Alfonso Jaramillo firmó con la Corporación Festival Folclórico Colombiano y que al parecer terminó siendo tercerizado o triangulado con la firma bogotana Moriah Company, sin que mediara una licitación pública, hecho que se conoce en el argot popular como ‘adjudicado a dedo’.
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Tras el escándalo, el alcalde Jaramillo separó de su gabinete al exgerente de Infibagué Carlos Peña quien fue posteriormente imputado por la misma Fiscalía el pasado 18 de noviembre tras el otorgamiento de otro polémico contrato por 222 millones de pesos para la adquisición de 13 pesebres para el mismo año 2016.
Por la pena prevista para estos dos delitos, las cuales en su mínimo superan los cuatro años de prisión, de acuerdo al numeral 2 del código de procedimiento penal, es previsible que la Fiscalía no solo impute cargos al Alcalde de Ibagué, sino que solicite ante el Juez de Garantías la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.
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Pero si solamente se realiza la imputación de cargos, sin solicitud de medada de aseguramiento, el Juez podría imponer al mandatario la prohibición prevista en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal como es la de no poder enajenar bienes sujetos a registro dentro de los siguientes seis meses a la imputación.
Es así que, a partir del miércoles, la Fiscalía dispondrá de 120 días para radicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Palacio de Justicia el escrito de acusación para que sea objeto de reparto ante los jueces penales del circuito con función de conocimiento para la posterior etapa de juzgamiento.
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Deberá igualmente el Municipio por mandato legal designar a un representante de las víctimas pues como es sabido tendría tal calidad el ente territorial; así las cosas, se deberá designar un alcalde adhoc para que haga valer tal situación.
Este medio informativo tuvo comunicación con uno de los asesores del alcalde Jaramillo, Nayib Salazar, quien manifestó que se encontraba en Bogotá, que no estaba empapado del tema, pero que conocía de la realización de la audiencia de esta semana y que la misma no ‘trasnocha’ al equipo del mandatario de los ibaguereños porque están seguros que demostrarán la inocencia del burgomaestre.
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Guillermo Alfonso Jaramillo venía anunciando desde hace dos semanas, como en la rendición de cuentas del IBAL en la universidad Cooperativa, que lo querían sacar por algo que firmó por confiar en la gente, dijo incluso que ‘por bruto’, pero insistió una vez más, citando a Darío Echandía, que tal vez él podría meter las patas, pero no las manos.
Esta imputación le cae a Jaramillo en momentos en que sostiene un enfrentamiento con un sector de la prensa y la opinión que lo señalan de presuntos brotes de corrupción en su Administración.
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Por ejemplo, el periodista Luis Eduardo González puso de moda en Ibagué el estribillo que “en Ibagué la corrupción cambió de apellido”; el analista Eduardo Bejarano, quien le acaba de ganar una tutela al gerente del IBAL y al Alcalde, manifestó que un proceso de contratación de la empresa de acueducto de Jaramillo era igual o peor, en sus métodos y fines, al ocurrido con la española Typsa en tiempos de Luis H Rodríguez. Y el ingeniero Freddy Pérez, amigo de Jaramillo, sentenció en La Cariñosa que el Orlando Arciniegas de Jaramillo era el gerente del IBAL, Alberto Girón.
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Además, habrá que ver qué impacto tendrá este capítulo judicial que se le abre al alcalde en el campo político, como quiera que es de conocimiento público que su amigo y asesor Gonzalo Parra se lanzó a la Cámara de Representantes con el guiño del propio Jaramillo para las elecciones de marzo.
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