Formularon cargos contra Alcalde de Alvarado por presunta falsificación de Contratos

Luego de varias indagaciones, la Procuraduría General de la Nación decidió proferir pliego de cargos en contra de Pablo Emilio López Trujillo, Alcalde del municipio tolimense de Alvarado, supuestamente por incurrir en falsificación de por lo menos 12 contratos de obras y prestaciones de servicios.

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En medio de esta investigación, también se formularon cargos en contra de otros 8 ex funcionarios del municipio, quienes estarían involucrados en estos mismos hechos, los cuales ocurrieron el año 2014, sumando un total de $60.000.000.

Además, este pliego de cargos afectó al señor Yesid Fernando Torres Ramos, ex alcalde de este mismo municipio en el periodo 2012 – 2015; además del ex secretario de Gobierno; Álvaro Palma Orjuela; la ex secretaria de Hacienda, Dadiana Andrea Peña Hernández, el ex jefe de Planeación; Carlos Fernando Cortés Ayala, el ex jefe de la Oficina de Servicios Públicos; Luis Enrique Corral Guzmán; el ex jefe de Planeación e Infraestructura, César Augusto Martínez, y los ex funcionarios Magaly Guzmán y Víctor Alfonso Gómez Lozano, así lo reveló la Procuraduría General de la Nación.

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En medio de las investigaciones se reveló que a pesar que se hizo una realización parcial de algunas obras, los contratos nunca fueron firmados por el supuesto contratista, sin embargo, este si figura recibiendo los pagos por la ejecución de los proyectos.

Es de resaltar que el Alcalde Pablo Emilio López Trujillo actualmente es investigado por hechos ocurridos en el año 2014, cuando siendo secretario de Hacienda de Alvarado se suscribieron los supuestos contratos.

El Ministerio Publicó indico que las personas que están registradas en los documentos en calidad de Contratistas, supuestamente, no presentaron ofertas ante la alcaldía, tampoco se suscribieron contratos ni se firmó ningún documento en el desarrollo de los mismos.

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Por su parte, las obras no habrían sido ejecutadas por el supuesto contratante y tampoco recibió algún tipo de pago por ellas.

La Procuraduría calificó la presunta conducta de los disciplinados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.