Gobierno castigará violencia contra la mujer al interior de las Fuerzas Militares y la Policía

La Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, invitó a todos los ciudadanos a denunciar cualquier amenaza o caso de violencia contra la mujer, la familia o la niñez. “El Gobierno Nacional está muy atento a evitar y castigar la violencia al interior de la propia familia de las Fuerzas Militares y la Policía. No hay autoridad moral para un militar o un policía, decir que hacen parte de la defensa de la sociedad ni que están haciendo cumplir la ley y la convivencia si al interior de las propias familias de los militares y policías, hay cualquier tipo de tolerancia con la violencia en contra de las mujeres”, señaló.

Las declaraciones fueron entregadas al instalar el quinto Puesto de Mando Unificado, PMU, para enfrentar las violencias que padecen las mujeres en el país y lanzar los Retos y desafíos frente a la estrategia integral de protección a mujer, familia y género, que busca contribuir a la mitigación de comportamientos violentos, contrarios a la convivencia y delictivos que afecten a la mujer, la familia y el género a través de un proceso de transversalización y operacionalización del servicio de policía en sus niveles de despliegue.

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Los PMU, se realizan ante situaciones de crisis. Hoy, el Estado colombiano reconoce que las violencias contra las mujeres son una crisis que requiere la atención, compromiso y la articulación de todas las autoridades nacionales y territoriales.

Este es un trabajo conjunto entre la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal.

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De esta manera, Colombia se suma a los países de la región que han incursionado en el diseño e implementación de políticas de igualdad de género en el sector defensa.

Para la funcionaria, el fortalecimiento que se le debe brindar a las Comisarías de Familia es vital, porque es allí donde llegan directamente las mujeres a solicitar protección, denunciar maltratos físicos o psicológicos y donde inicialmente se activan las rutas de atención en casos de violencia intrafamiliar.

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“Necesitamos pasar de los diagnósticos, investigaciones, estudios, de los buenos propósitos y de la voluntad a hechos concretos que de manera temprana podamos implementar en el corto, mediano y largo plazo. El tema de la violencia contra las mujeres no es un tema de las mujeres, ese es un problema de la sociedad” señaló.

La Estrategia integral de protección a mujer, familia y género contiene tres componentes: Operacional de prevención, atención y protección; investigación criminal y sistema de atención integral a la familia policial.

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Colombia cuenta con un amplio marco normativo para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres. Adicionales a la ley 1257 contra los diferentes tipos de violencia, está la Ley 1719 para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, la Ley 1761 de 2015 (Rosa Elvira Cely) contra el feminicidio y la Ley 1773 de 2016 (Natalia Ponce) contra los ataques con agentes químicos. Pese a ello, la situación de seguridad e integridad física y protección de la vida de las mujeres, es crítica.

Y es que según la Fiscalía General de la Nación, en Colombia en los últimos dos años se han cometido 1.437 feminicidios. Asimismo, Medicina Legal reveló en su más reciente informe que en el año 2017, se registraron 1.002 homicidios de mujeres, en promedio 2,7 mujeres al día. El 47,84% de los casos fueron consecuencia de violencia intrafamiliar y en el 2,16% de los casos hubo violencia sexual. De igual forma en el 30,9% de los casos el hecho lo cometió la pareja o expareja y en el 8,80% de los hechos un familiar o amigo fue el perpetrador. De igual forma, entre enero y octubre de 2018, 796 mujeres fueron asesinadas en Colombia, 38 más que en el mismo periodo de 2017.

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Esta semana se firmó en Cartagena, entre varias organizaciones de mujeres, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, congresistas del país y la Policía Nacional, el Pacto contra la violencia de género en Colombia, con el que se busca generar capacitación a las trabajadoras y funcionarias en equidad de género que lleve a fortalecer mecanismos locales para erradicar la violencia contra niñas y mujeres; y aportar a la paz territorial, trabajando por aquellas que se encuentren más vulnerables por su edad, etnia, orientación sexual y geografía.

Pero el llamado a la prevención va más allá y la Vicepresidenta de la República, ha venido proponiendo y apoyando la creación de la Secretaría de la mujer en todos los municipios y departamentos del país para, desde las regiones, dar herramientas para su empoderamiento económico, social y educativo que las lleve a ser autónomas y se reduzcan las cifras de violencia contra ellas.

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A la fecha, 13 municipios han asumido este compromiso: Riohacha y Urumita en la Guajira; Leticia, Amazonas; El Tambo, Cauca; Puerto Rondón, Arauca; Almeidas, Boyacá; Génova y Circasia, Quindío; Salazar de las Palmas, Norte de Santander y Nariño, Sotomayor, Cumbal y Gualmatán en el departamento de Nariño. Asimismo, el 7 noviembre la Gobernación de Sucre designó mediante decreto 0715, el funcionamiento de la oficina de la Mujer.