Gobierno, Procuraduría y líderes sociales suscribieron pacto por la protección
El Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos suscribieron el "Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, que establece la hoja de ruta de acción inmediata para “recomponer la confianza en la justicia y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este fenómeno criminal”.
Para el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien lideró la Segunda Mesa por la Protección a la Vida, la firma de este pacto constituye “un día muy importante que tiene que marcar una pauta, que tiene que romper en dos la historia de todo este derrame, de toda esta sangría en la que se han visto comprometidos los líderes sociales y los defensores de derechos humanos”.
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El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, acogió la petición del jefe del Ministerio Público y se comprometió a presentar en las próximas semanas una política pública que permita que todas las autoridades del Estado defiendan estructuralmente la vida y la honra de los líderes y defensores de derechos humanos, con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.
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El primer mandatario y el jefe del Ministerio Público calificaron esta segunda mesa como un ‘gran hito’, en especial porque con el pacto se ratificó al “diálogo social como mecanismo de fortalecimiento de la democracia, garantía de los derechos fundamentales y resolución pacífica de conflictos”.
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Para el Procurador General lo que se busca “es reforzar toda la acción del Estado y levantar a la sociedad para evitar una muerte más. Nosotros no podemos acostumbrarnos a ese taxímetro dentro de esa sangría y mirar para otro lado”.
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Advirtió que como jefe del órgano de control anunció la expedición de una circular que conmina a alcaldes y gobernadores a comprometerse con la protección y la integridad física e intelectual de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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“No pueden ser espectadores, ni convidados de piedra frente al asesinato de líderes y defensores de derechos humanos”, señaló Carrillo Flórez tras revelar la existencia de más de 30 investigaciones que incluyen la estigmatización que han puesto en riesgo la vida de estos líderes sociales.