El Gobierno y los ponentes del proyecto se reunieron para consensuar algunos puntos del proyecto.
Terminó la reunión que se adelantó entre algunos ministros y los ponentes de la ley de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, en la que se revisaron los puntos principales de este proyecto que se está impulsando en el Congreso.
Durante el encuentro quedó claro que el presidente de la República, Gustavo Petro, definirá en las próximas horas si presenta o no mensaje de urgencia para que esta iniciativa se tramite lo antes posible.
El senador Ariel Ávila dijo que “en el consejo de ministros del presidente determinará si hay mensaje de urgencia o no, algunos consideramos que sí debe haber mensaje de urgencia y otros creen que no pero eso lo determinará el presidente bajo el análisis de contexto que él haga”.
El congresista, quien además es ponente de esta propuesta legislativa, dijo que se logró un consenso sobre el articulado de la ley, luego del apoyo que el gobierno del presidente Petro logró, de parte de Estados Unidos, a la política de paz total.
“La ley ya fue consensuada, fue terminada, quedó de 63 artículos, además derivada del exitoso viaje a Washington para los temas respaldo a la paz total”, indicó.
Dijo que la ponencia para primer debate de la ley de sometimiento quedará radicada en los próximos días. “Radicaremos ya ponencia consensuada de este martes en ocho días; se ratificaron todos los temas, no hubo cambios sustanciales, más allá de algunos de forma”, explicó.
El dirigente político explicó que las preocupaciones que ha expresado el fiscal general de la Nación frente a la ley de sometimiento ya han sido resueltas y sus observaciones fueron acogidas por el Gobierno y los ponentes.
Entre los reparos expresados por el fiscal Barbosa, se encuentra la posibilidad de que los narcotraficantes puedan recibir estatus político y otros tipo de beneficios; además de que haya una excarcelación masiva o principio de oportunidad para las bases de estas organizaciones.
La Fiscalía y la Procuraduría también han solicitado que se definan muy bien los criterios para que una organización sea considerada de alto impacto, con el fin de evitar colados en los beneficios penales que se entregarían con la ley.
Fuente
Sistema Integrado de Información
