Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación.
Congresistas de la oposición aseguran que se le está haciendo conejo al fallo de la Corte IDH.
La procuradora general, Margarita Cabello, y el presidente Iván Duque no paran de recibir críticas de parte de varios sectores políticos por el decreto que crea 1.200 cargos adicionales en el Ministerio Público, según el Gobierno, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro.
El senador Iván Cepeda asegura que se le está haciendo conejo a la orden dada por este organismo internacional y por eso consideró que la procuradora Cabello debería renunciar a su cargo.
“Es concluyente la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dice que el Gobierno, la procuradora Cabello y el propio Congreso de la República no han cumplido con su sentencia en el caso de Gustavo Petro, una sentencia en la que se pedía que la Procuraduría dejara de tener atribuciones que son propias de la justicia penal con relación a servidores públicos de elección popular”, indicó.
“La procuradora lo que ha hecho es utilizar de una manera oportunista esta decisión, también lo ha hecho el Gobierno, para generar una nómina burocrática en época que es la antesala de las elecciones del 2022 y eso es indiscutible. La procuradora dice que no va a designar ahora mismo a las personas en los cargos, pero evidentemente puede hacer promesas y compromisos, así que esta medida clientelar es severamente criticada por la propia Corte”, añadió.
El senador Antonio Sanguino asegura que los gastos que le representarán al estado el nombramiento de estos nuevos funcionarios, son muy altos.
“Una verdadera cochinada la que están protagonizando el presidente Iván Duque y la procuradora Margarita Cabello, porque le tuercen el pescuezo a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le prohíbe a la Procuraduría sancionar disciplinariamente a servidores públicos elegidos popularmente y ahora la procuradora inconstitucionalmente se abroga esas decisiones judiciales”, dijo.
“Son 1.200 los nuevos cargos que se nombrarán en virtud de esa actuación inconstitucional de la procuradora y cada cargo nos cuesta entre 5 y 10 millones de pesos cada uno, cerca de 12.000 millones de pesos al año”, añadió.
La procuradora general ha defendido la expedición de este decreto y ha dicho que estos nuevos cargos no son para repartir burocracia en plena época electoral.
Fuente
Sistema Integrado de Información
