Se debe reglamentar medidas de seguridad a líderes sociales: Procuraduría
El Ministerio Público condenó el asesinato de 7 líderes sociales y defensores de tierras en esta primera semana de 2019, y reitera su llamado al Gobierno Nacional para que convoque de manera urgente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y junto con la sociedad civil y las organizaciones sociales que allí tienen asiento, se evalúen las amenazas y las acciones a tomar para reducir el riesgo en la vida de estas personas.
“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los 11 compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó – Antioquia, sigan sin cumplirse”, advierte el Procurador, Fernando Carrillo Flórez, para quien es claro “el fracaso de los esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones", es parte de la manifestación al gobierno por parte de este organismo.
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El ente de control pide al Gobierno Nacional y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que eviten la ocurrencia de nuevos hechos que generen la pérdida de vidas en al país, y que permitan también identificar a los autores materiales e intelectuales de los atentados contra la defensa de los derechos humanos y colectivos.
Para el Ministerio Público la prioridad en la adopción y puesta en marcha de medidas encaminadas a la efectividad de una protección colectiva, y la pronta judicialización de los homicidios ocurridos en los últimos años, constituyen una ruta eficaz en la protección de los líderes sociales y su ejercicio en defensa los derechos humanos de todos los ciudadanos.
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Lamentó, que al término de 2018 no se lograran alcanzar las metas en la reducción de atentados contra la vida de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, y que se siga sin contar con una fuente que centralice y valide las cifras de esta tragedia nacional.
Según cifras de la Policía Nacional, el año anterior las víctimas de estos asesinatos llegaron a 78, para el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo fueron 164, de los que 153 son hombres y 11 mujeres, mientras y para organizaciones sociales como Marcha Patriótica los crímenes llegaron a los 252.
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En lo que tiene que ver con víctimas de pueblos étnicos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, elaboró una línea de tiempo desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, que identificó más de 350 líderes y lideresas sociales asesinados. Sólo en 2018 el reporte fue de 53 líderes sociales étnicos asesinados, 20 afrodescendiente y 33 indígenas.
Informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,, señalan que entre noviembre de 2016 y el 26 de diciembre de 2018 se reportan 454 casos, de los cuales 163 fueron verificados por la misión en Colombia.