Transparencia Internacional presentó su informe llamado Exporting Corruption 2022, con el cual se evaluó los esfuerzos que adelantaron 47 economías, entre 2018 y 2022, para enjuiciar a empresas responsables de sobornar a funcionarios de otros países.
Además, se revisó el cumplimiento de la Convención Anticohecho de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
De acuerdo con el informe, el cumplimiento de medidas contra el soborno transnacional ha caído a su nivel más bajo desde 2009, año en que Transparencia Internacional empezó a hacer esta evaluación.
En la mayoría de países se encontró un marco legal insuficiente para combatir el soborno transnacional y para proteger a los denunciantes.
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¿Cómo le fue a Colombia?
Colombia se mantuvo en la categoría de implementación limitada, la misma que obtuvo en 2020. En esta misma categoría se encuentran 17 países como Italia, España, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Costa Rica, entre otros. Estados Unidos y Suiza son considerados como países con nivel de implementación activa.
Por otro lado, en el país entre el 2018 a 2022 se abrieron tan solo tres investigaciones sobre soborno transnacional, de las cuales una terminó en sanción administrativa, y todavía no se emiten decisiones judiciales sobre casos de este tipo.
¿Cuáles son las dificultades para avanzar en los casos?
Transparencia Internacional afirmó que se detectaron seis dificultades para avanzar en los casos:
1. Falta de acceso público al registro de beneficiarios finales.
2. Falta de legislación para proteger a los denunciantes.
3. Canales de denuncia insuficientemente adecuados y poco conocimiento sobre los mismos.
4. Falta de legislación sobre la responsabilidad penal de las empresas.
5. La discrecionalidad del Fiscal General para usar el principio de oportunidad en cualquier investigación.
6. El riesgo de politización en la elección de Fiscal General.
¿Cuáles son las recomendaciones?
- Mejorar la disponibilidad de datos sobre soborno transnacional y de cooperación internacional.
- Promulgar leyes para proteger a denunciantes tanto en el ámbito público como el privado.
- Seguir capacitando a fiscales y jueces en casos complejos de soborno transnacional.
- Asegurar que el sector privado, contadores y auditores entiendan e implementen las regulaciones nuevas de la ley 2195 de 2022.
- Mejorar la colaboración entre autoridades, involucrando en una mayor medida a la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
- Brindar mayor claridad sobre los criterios que usa la Fiscalía General para aplicar el principio de oportunidad en casos de soborno transnacional, y hacer un seguimiento caso por caso.
- Seguir promoviendo la concientización sobre riesgos de soborno transnacional en el sector privado.