¡Una reforma más! DNP propone una reforma para mejorar la equidad en los servicios públicos

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), anunció que se encuentra en la fase de preparación de un proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. El objetivo es presentarlo ante el Legislativo para promover un modelo más equitativo que priorice al usuario y fomente la participación de actores sociales y organizaciones comunitarias en la prestación de los servicios.

Alexander López Maya, director del DNP, afirmó que existen brechas significativas en el acceso a los servicios básicos en diversas regiones del país. Durante su intervención en el Congreso de Andesco, que tuvo lugar en Cartagena, López Maya enfatizó la necesidad de equilibrar los derechos de las empresas y los ciudadanos para garantizar la igualdad y la equidad en los servicios públicos.

A pesar de los avances de Colombia en términos de cobertura y calidad de los servicios públicos, el DNP señala que estos beneficios no se han distribuido de manera equitativa. Como ejemplo, López Maya destacó la situación del acceso al agua potable, indicando que 12,8 millones de colombianos carecen de un servicio de calidad, incluyendo a 3,2 millones que no tienen acceso a ningún tipo de agua potable.

“En pleno siglo XXI, 2,6 millones de compatriotas de las zonas rurales carecen de agua, y 600 mil ciudadanos de las periferias no pueden abrir una llave”, señaló.

En relación con la energía eléctrica, explicó que, aunque la cobertura alcanza el 94,9%, cerca de 818 mil viviendas (equivalentes a 4 millones de personas) no cuentan con el servicio, principalmente en regiones vulnerables. Además, la calidad del servicio presenta diferencias significativas, siendo cinco veces mayor en Bogotá que en el departamento de Caquetá.

López Maya también resaltó las desigualdades en las tarifas de energía, especialmente en la región Caribe, donde la población ha tenido que pagar $2,7 billones por las pérdidas de energía.

Finalmente, el director del DNP atribuyó estas inequidades en la prestación de los servicios públicos al modelo actual, basado en las Leyes 142 y 143 de 1994, que otorgan al Estado un papel limitado, dejando la gestión en manos del sector privado.