Huracán
Foto Suministrada: Fuerza Aérea
21 Nov 2020 02:36 PM

Procuraduría evalúa abrir investigación por desastre de San Andrés y Providencia

Osvaldo Alfonso
Parra Ponce
Las administraciones no tomaron las acciones para mitigar el riesgo.

La Procuraduría tendrá que abrir una investigación disciplinaria a los gobiernos territoriales, por el desastre ocurrido en el archipiélago de San Andrés tras el paso del hucarán Iota, porque pese a existir las alertas de riesgo nunca se adoptaron las acciones preventivas para mitigar el riesgo en las islas.
 

 En diálogo con RCN Radio, el procurador nacional ambiental y agrario, Diego Trujillo, advirtió que el Ministerio Público tendrá que tomar acciones para establecer las responsabilidades de las administraciones públicas en el desastre ocurrido en San Andrés.
 
Insistió el procurador ambiental que pese a existir un estudio sobre la grave vulnerabilidad de las estructuras de las islas del archipiélago y el peligro que corría la comunidad, nunca se tomaron las medidas preventivas y correctivas. 

“La investigación tiene que venir. A nosotros ya no nos corresponde porque estamos a cincuenta días de irnos, podríamos aperturar con los procuradores que tienen la competencia disciplinaria, y deberían hacerlo, porque lo ocurrió en San Andrés y en Providencia es crónica de un ciclón anunciado hace muchísimo tiempo y nadie le ha parado bolas”, precisó el representante del Ministerio Público.
 
Al preguntarle si existe algún tipo de sanción por una presunta negligencia estatal, el procurador Trujillo contestó afirmativamente, argumentando que en los planes de ordenamiento territorial los administradores deben tener en su primera línea la prevención de desastres naturales.

 
“No existen desastres naturales, la naturaleza es tan perfecta que no existen este tipo de desastres, lo estamos provocando con el mal manejo ambiental”, agregó el funcionario.
 
En igual sentido, el procurador nacional y agrario anunció que con esta situación de San Andrés, también se debe tener el ojo puesto en la contratación pública que se genere para la atención de la emergencia, con el fin de evitar que en este desastre se despilfarren los recursos públicos, contratando directamente a la luz de la declaratoria de urgencia manifiesta.

Fuente
Sistema Integrado de Información