Reducir en 10% la contratación estatal por prestación de servicios dentro del plan de austeridad
El plan de austeridad contemplado en la nueva reforma tributaria, que radicó este martes el Gobierno, busca ahorros recurrentes de $1,9 billones al año y llegar a un ahorro del 50% en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años.
Así mismo, se contempla reducir de manera progresiva "los contratos de prestación de servicios técnicos o profesionales con personas naturales o jurídicas, salvo en los eventos en que no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que requieren ser contratadas, hasta alcanzar un ahorro del diez por ciento (10%) respecto de su asignación presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal 2019. En cualquier caso, dicha disminución no podrá ser inferior al 1% anual".
De la misma manera, se contempla la fusión o liquidación de entidades públicas, "sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional.
También se busca desmontar el pago de planes de telefonía móvil y entrega de celulares a funcionarios públicos, según el artículo el desmonte sería gradual de aquí al 2023 .
"Abstenerse de renovar o adquirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos para los servidores públicos de cualquier nivel, debiendo desmontar gradualmente los planes o servicios que tengan actualmente contratados, los cuales, en todo caso, deberán haberse desmontado definitivamente a partir del año 2023".
Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, "con este plan se limita el crecimiento de la burocracia y se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. Adicionalmente, se restringen los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios".
También habrá un control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales; se racionalizarán los esquemas de seguridad, y se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades.