Alarmas activas por la Defensoría por cifras de violencia sexual en menores en Colombia
Ante las reiteradas denuncias por abuso sexual presentadas en los últimos días en el Colombia, en contra de niños, niñas y adolescentes, las entidades encargadas del cuidado y bienestar de la niñez afirman que están preocupadas por las altas cifras de violencia en lo corrido del 2022.
El más reciente caso que llama la atención, ocurrió el pasado 31 de octubre en el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, en el cual una adolescente de 17 años de edad asegura que fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre el cual la habría abordado y amenazado con un cuchillo, obligándola a entregar sus pertenencias y a salir de la estación.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a septiembre de 2022, hay un registro de 19.116 lesiones por presunto delito sexual, de los cuales, el 80% corresponde a niños, niñas y adolescentes, es decir, 15.823 víctimas de delitos sexuales han sido menores de 18 años; un 23% más, con respecto al mismo periodo del año anterior.
De otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asegura que 24.683 menores de edad han ingresado a procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencias.
Así, se evidencia que en los nueve meses del año 2022, el 52% de los ingresos registrados corresponde a actos de abuso, acoso y acceso sexual.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, resaltó que “la entidad seguirá trabajando para que este tipo de situaciones no ocurran y puedan ser detectadas a tiempo en cualquier entorno. No se deben normalizar este tipo de conductas agresoras y habrá mejor atención psicosocial por parte de las entidades competentes para restablecer los derechos”.
Sin embargo, el descontento es mayor al momento que interponer la denuncia, ya que el desconocimiento de las rutas de atención a víctimas de violencia sexual y el apoyo de las autoridades competentes es casi nula.
Cabe destacar que, la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes constituye la forma más grave de maltrato y repercute en la vida y el desarrollo de estas personas, siendo un problema social que vulnera todos los derechos humanos.
A la vez, se indicó que es fundamental que todas las autoridades que hacen parte de la ruta de atención integral de violencia sexual actúen de manera oportuna y eficiente en su activación garantizando a las víctimas la atención médica y psicológica especializada, el acceso pronto a la justicia, la reparación con el fin de evitar la revictimización.
Entre tanto, se advierte que estas cifras pueden variar y pueden ser mayor por las dificultades para hacer las denuncias.