Este lunes Google y la Comisión Europea expusieron sus argumentos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto se da por una multa de mas de 4.300 millones de euros que Bruselas impuso a la compañía en el 2018, ya que consideró que Google firmó contratos ilegales con fabricantes de dispositivos Android para fortalecer el dominio de su motor de búsqueda.
En este proceso, que se alargará hasta el viernes, la Comisión Europea acusa a Google de haber firmado contratos con fabricantes de teléfonos móviles y con operadores de redes obligándoles a instalar el buscador Google Search y el navegador Google Chrome en los dispositivos Android, a cambio de cederles la licencia de su tienda de aplicaciones Play Store.
El argumento de Bruselas es que desde el 2011 tales acuerdos han sido ilegales, porque el objetivo de Google ha sido fortalecer la posición dominante que tiene en el mercado su motor de búsqueda, manteniendo así los ingresos que obtiene a través de la publicidad, en línea.
Sobre el caso
Según la Comisión, la compañía captó el cambio de hábitos de los consumidores a principios del siglo XXI, observando como el flujo de internet empezó a virar desde los ordenadores portátiles a los teléfonos móviles y en 2005 compró el sistema operativo Android. Desde ahí ha estado continuamente desarrollando el software, y según los datos de la Comisión, el 80 % de los teléfonos móviles y las tabletas que se vendieron en 2018 en el Espacio Económico Europeo funcionaban con Android.
Hay que aclarar que Android es un sistema operativo de código abierto y cada vez que el gigante tecnológico desarrolla una nueva versión lo pone a disposición de los fabricantes de dispositivos móviles y de los operadores de redes. El sistema operativo no contiene ninguna aplicación preinstalada y los fabricantes deciden con qué apps quieren vender los terminales.
Google alega que la mayoría los ofrecen con su Play Store para llegar a más clientes y a cambio de cederles la licencia gratuitamente, les obliga a instalar Google Search y Google Chrome para obtener un rédito económico por el desarrollo de un software libre. Bruselas, sin embargo, rechaza el argumento porque considera que la empresa ya obtiene ingresos anuales de miles de millones de dólares solo con la Play Store.