Informe de la Defensoría reveló riesgos y desafíos de la migración en Colombia

En el marco de la audiencia bilateral con el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Gehad Madi, la Defensoría del Pueblo presentó un informe detallado sobre la situación migratoria en el país.

El enfoque se centró en la población venezolana en tránsito, las condiciones en la frontera colombo-panameña y las deportaciones desde Estados Unidos. La entidad también entregó una serie de recomendaciones a los Estados para garantizar la protección de los derechos de los migrantes.

Según el monitoreo realizado, en 2024 se registraron 400.612 migrantes cruzando por la región del Urabá Darién. La mayoría provenían de Venezuela (302.185), seguidos de Ecuador (22.785), Colombia (17.529), Haití (17.329), China (12.214) e India (6.927).

De este total, 126.151 eran mujeres, 195.369 hombres y 72.092 niños y adolescentes y jóvenes (NNAJ).

La Defensoría alertó sobre la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes, quienes enfrentaban elevados riesgos de violencia sexual y de género. También se evidenció una falta de mecanismos eficaces para verificar el parentesco de los menores con los adultos acompañantes.

Además, la entidad señaló que el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SENAFRONT) devolvía migrantes, lo que obligaba a muchas personas a recorrer rutas más peligrosas. A ello se sumó la reciente promulgación del Decreto 194 de 2024 en Panamá, que sancionaba la entrada irregular desde Colombia, lo que podría empeorar la crisis humanitaria en la frontera.

La entidad también expresó su preocupación por las deportaciones masivas desde Estados Unidos bajo nuevas órdenes ejecutivas. Se documentaron casos de maltrato, abuso sexual, requisas inapropiadas y condiciones indignas en los centros de detención.

Para afrontar esta crisis, la Defensoría fortaleció su labor mediante diversas acciones, como el monitoreo y acompañamiento a migrantes en la frontera, la activación de rutas de acceso a derechos en salud, educación y refugio, y la cooperación con la Defensoría del Pueblo de Panamá y organismos internacionales.