A través de interceptación de comunicaciones, declaraciones y seguimientos, entre otras labores de policía judicial, se evidenció que mujeres eran ubicadas en distintas ciudades del país por presuntos integrantes de una organización criminal, quienes se aprovecharían de sus condiciones de vulnerabilidad para trasladarlas a Cartagena con ofertas de trabajo.
En su mayoría las víctimas eran extranjeras a quienes obligaban a cumplir horarios en su oficio de prostitución en establecimientos comerciales y discotecas ubicadas por el sector de la Bomba del Amparo.
Igualmente, a las mujeres se les multaba con sumas que oscilaban entre 40.000 a 60.000 pesos por no laborar cuando estaban enfermas, por no asear sus dormitorios o por que decidían quedarse con clientes fuera del tiempo estipulado.
La investigación evidenció que los dineros ofrecidos a las mujeres para sus traslados se convertían en deudas que debían pagar con trabajo sexual y que antes de cancelarles lo que les correspondía, descontaban dichas sumas, las multas que tenían pendientes y el porcentaje que debían entregar por su trabajo. Por estos hechos los investigados fueron capturados por la Policía Nacional el pasado 6 de octubre.
En los operativos una menor de 15 años fue rescatada y dejada al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
Por estos hechos fiscales adscritos al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, lograron que un juez de control de garantías judicializara a siete presuntos integrantes de esta red dedicada a la trata de personas en Cartagena.
El trabajo coordinado fue realizado entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, acceso carnal violento y proxenetismo con menor de 18 años. Cargos que no fueron aceptados.