Así lo manifestó el abogado Hugo Martínez, quien recalcó que el defensor regional del pueblo, Miguel Ángel Aguilar, es uno de los mayores maltratadores laborales de los defensores públicos en el Tolima, reseñando la persecución laboral de la que fue objeto hace dos años por parte de esta persona, cuando hacía parte de la Defensoría Pública en este departamento donde lo cuestionó por sus atropellos a los abogados que allí laboran.
El temor por la ocurrencia de casos como el que él protagonizo, se da en medio del desarrollo de las protestas de la Defensoría Pública en contra de las pruebas de conocimiento convocadas por el defensor del pueblo nacional Carlos Negrett, agregando que este tipo de acto, que son legítimos, pueden provocar una mayor persecución en contra de aquellos que lideran este tipo de protestas.
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Afirmó que como en el caso del Tolima, Miguel Ángel Aguiar, hace dos años, aproximadamente le quitó el contrato a varios abogados, entre estos al profesional Robinson Vera Castro, a quien aparentemente habría amenazado e hizo sacar de la Regional del Tolima y no contento con esto, al parecer, al enterarse de que este logró vincularse a la Defensoría por medio de otra regional, lo hizo sacar de esta bajo la utilización de diversos argumentos en su contra.
Martínez señala que incluso a finales del año pasado y por dos meses, hizo trabajar a varios abogados adscritos a procesos no penales, bajo el argumento que si no iban a trabajar, no les autorizaba la renovación de su contrato, por lo que se muestra el ánimo poco amigable de Aguiar con los abogados de la Defensoría Pública en el departamento del Tolima.
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Así mismo señaló que para nadie es un secreto que la Defensoría del Pueblo, en especial la Defensoría Pública, se ha convertido en un fortín político por medio del cual cada Defensor del Pueblo acomoda sus fichas al interior de la entidad, sin tener en cuenta los méritos académicos o labor, por simplemente actuar motivados por los amiguismos o simplemente por parte de los funcionarios encargados de autorizar las contrataciones.
Finalmente manifestó que el temor de llegar a presentarse un nuevo caso de persecución laboral, no se deja de lado en medio de las manifestaciones por las irregularidades que se observan en la convocatoria a las pruebas de conocimiento de los defensores públicos.
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